CLAN DEL GOLFO
Paro armado del Clan del Golfo afecta ya a varios departamentos y capitales del país
Los actos violentos del ‘Clan del Golfo’ en Antioquia, Sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, como represalia a la extradición de Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’, aumentan con el paso de las horas. Incluso las acciones se han trasladado a algunas ciudades.
Los actos violentos del 'Clan del Golfo' han aumentan con el paso de las horas en Antioquia, Sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, como represalia a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. Estas acciones incluso se han trasladado a algunas ciudades capitales.
Las primeras acciones relacionadas con el paro armado decretado por este grupo ilegal, tras la extradición del capo, se registraron en la vía Medellín-Costa Caribe, en el sector de Puerto Valdivia, cuando sujetos armados interceptaron una tractomula y la cruzaron en medio de la vía.
En este mismo departamento, en varios municipios del Bajo Cauca antioqueño amanecieron pintados negocios comerciales, señales de tránsito y fachadas de casas, con aerosol con las siglas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan del Golfo’).
En horas de la tarde se reportaron cierres de negocios, quema de vehículos, hostigamientos, entre otros en la subregión de Urabá. En Turbo, a 10 minutos de Apartadó, se escucharon disparos, detonaciones y hostigamientos en vídeos grabados y difundidos por los habitantes de la zona.
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Por medio de un comunicado, el Bloque Central Juan de Dios Úsuga David, quien tiene presencia en esa parte del país, dijo que: “El comandante Otoniel se encontraba honrando sus compromisos con la verdad ante las instancias correspondientes. El presentarlo como un gran criminal para justificar su extradición, en nada beneficia la reconciliación, que es el gran sueño del pueblo colombiano”.
La orden del cierre de los negocios se trasladó también a algunos barrios de Medellín, ubicados en la parte alta de la comuna 8, Villa Hermosa.
En Sucre, por su parte, se han presentado atentados contra infraestructuras, maquinaria y medios de transporte. Entre los ataques se encuentra la quema de un bus en San Onofre; de tres vehículos más en Sincé y de otras informaciones de la Mojana y subregión Sabanas.
En Chalán, también en Sucre, las paredes de varias edificaciones amanecieron con grafitis y personas armadas les exigieron a los habitantes de la zona rural no salir de sus casas.
En Córdoba se encuentra suspendido el transporte en gran parte del departamento. En Cereté fue asesinado un comerciante de plátanos y en municipios como Ayapel, todos los establecimientos comerciales permanecen cerrados. Una situación similar se vive en Tierralta y Valencia, alto Sinú, donde los obligaron a suspender todo tipo de actividades.
En Bolívar, por su parte, se han presentado quemas de vehículos a la altura de la vereda de Pueblo Bello, en zona rural del municipio de Barranco de Loba, sur de Bolívar. En Magangué, a las afueras del corregimiento de Juan Arias, se reportó la quema de un camión que transportaba alimentos para un almacén de cadena.
“Se les informa que a partir de la fecha se decretan cuatro días de Paro Armado, no nos hacemos responsables de aquellos que no acaten las órdenes que se les están dando, queda prohibido: abrir negocios o movilizarse”, dice un panfleto del Bloque Aristides Mesa, del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio.
En Barranquilla se presentó el incendio de un bus de la empresa Alianza Sodis por dos sujetos, que iban como pasajeros, que está siendo investigado por las autoridades para determinar si fue cometida en el marco del paro anunciado. Además, han aparecido grafitis en las fachadas de las tiendas y algunas casas del barrio San Felipe, de la capital del Atlántico, que hacen alusión a las ‘Autodefensas Gaitanistas’.
Las medidas que se tomaron
Frente a estos hechos, las autoridades anunciaron consejos de seguridad que se han estado realizando a lo largo del día en cada uno de los departamentos.
Además, las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, desplegaron un dispositivo especial de seguridad sobre las principales vías de los departamentos de Antioquia, Córdoba y sur de Bolívar, los cascos urbanos y las áreas rurales de los municipios, con el fin de mantener la movilidad y seguridad de quienes se desplazan por estas áreas.
Las autoridades informaron que se adelantan operaciones en profundidad, con el fin de afectar las estructuras armadas de esta organización criminal.
Entre las medidas que se conocen hasta el momento de los consejos de seguridad se encuentran, por ejemplo, en Sucre, el despliegue de toda la fuerza pública, especialmente de la Décimo Primera Brigada, junto con la Policía, además de la prohibición de la circulación de parrillero y parrillera en todo el departamento de manera continua, hasta las 6:00 de la mañana del próximo lunes. Tampoco se podrá portar armas de fuego, durante todo el fin de semana.
En Bolívar, por su parte, se aumento la presencia de Fuerza Pública y se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU), para coordinar las acciones que permitan garantizar la seguridad de los habitantes de Bolívar.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado a los grupos armados ilegales, para que se abstengan de atentar contra la población civil y los bienes civiles.
“Ante este escenario solicitamos medidas urgentes a las autoridades para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de los habitantes y las comunidades de estas regiones del país”, puntualizó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros solicitaron de manera urgente al Gobierno Nacional fortalecer la presencia inmediata de la fuerza pública, para garantizar la movilidad de los usuarios y la operación regular de las compañías.
“Ya tenemos dos vehículos de pasajeros quemados en Antioquia y otro en el sector de Don Matías, por lo que llamamos al Gobierno Nacional a que fortalezca la presencia de la fuerza pública en la zona, ya que los empresarios no podemos continuar asumiendo este tipo de pérdidas económicas como consecuencia de los actos terroristas”, afirmó José Yesid Rodríguez, presidente de ADITT.