“Petro ha generado sentimientos odio”: fiscal Barbosa entregó al CIDH un listado de hechos para pedir medidas cautelares

El fiscal general, Francisco Barbosa, desde Washington, Estados Unidos, solicitó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales advierte son de “extrema urgencia”, por los graves señalamientos, que según él, están bajo el nombre del presidente de la República, Gustavo Petro.

El jefe del ente acusador aseveró que Gustavo Petro desde que era senador hasta ahora que es el primer mandatario de los colombianos, ha generado “sentimientos de odio”, en contra del fiscal, la Fiscalía y los funcionarios del mismo, por medio de una serie de declaraciones y publicaciones realizadas en redes sociales que llevaron a escenarios de violencia de diversos sectores de la sociedad.

A través de un documento de 150 páginas, el fiscal Barbosa pidió de manera formal medidas cautelares que a restaurar los derechos que, según él, han sido vulnerados con el discurso violento del presidente Petro en contra del fiscal y la institucionalidad de Colombia.

“Presenté una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH porque en Colombia se ha generado una circunstancia que afecta el ejercicio de mi cargo en la medida de mi función, por no solamente la planeación de un atentado terrorista por parte del ELN, que además se desestimó por parte del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y que no ha tenido ningún tipo de eco ni de rectificación por parte del Gobierno Nacional o del presidente Gustavo Petro; sino también por la campaña de criminalización que se ha presentado contra bien el ejercicio del cargo en Colombia”, manifestó Barbosa.

Además, el Fiscal General separó, en varios momentos, las intervenciones del presidente Petro, cuando fue senador, después candidato presidencial y seguidamente jefe de Estado. En cada uno de estos escenarios, Barbosa explicó como estas declaraciones afectaron sus derechos humanos.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, las declaraciones del Presidente de Colombia, por medio de sus redes sociales, provocaron situaciones de riesgo no solo para él como Fiscal General o los funcionarios de la Fiscalía, sino que también para los diferentes sectores de la sociedad que tuvieron que enfrentar las asonadas criminales por quienes creían en los señalamientos.

Cabe reiterar que el fiscal en su extenso documento separó las intervenciones del presidente Petro entre escenarios y en cada uno de ellos, el jefe del ente acusador hizo un riguroso análisis del discurso del mandatario y cómo en cada declaración estuvo orientado a la desinformación, pero sobre todo a crear un manto de duda sobre la labor de la Fiscalía y el fiscal.

El Senador Petro

Cuando Gustavo Petro era senador de la República, usó en varios momentos las redes sociales para motivar actos de odio contra el fiscal Barbosa. De acuerdo con el informe, se trata de señalamientos personales e institucionales que intentaban vincular al jefe del ente acusador con hechos constitutivos de delitos.

Francisco Barbosa expuso varias publicaciones que hizo Petro cuando era senador, donde lo vincula con hechos que para él generaron sentimientos de odio y violencia, no solo en su contra, sino de su familia.

“Con las publicaciones en redes sociales demuestra una conexidad y sistematicidad. Señalamientos personales, institucionales del ahora presidente de la República que pretende vincular con conductas reprochables desde el punto de vista penal y disciplinarios y estimula, en mi contra, de mi familia y la propia institucionalidad, animadversión y acciones violentas de diferente índole”, precisó el documento.

Gustavo Petro como candidato presidencial

El fiscal Barbosa resumió otra serie de declaraciones de Petro, pero esta vez como candidato a la presidencia. Según el Fiscal General, en su documento de 150 páginas, Petro aumento sus señalamientos cuando era adelantaba su campaña electoral, por medio de publicaciones en redes sociales, y que colocaron en riesgo su seguridad mientras advertían escenarios de impunidad en el trabajo de la Fiscalía.

• “El fiscal general va hacia el camino de garantizar impunidad en los crímenes de estado*”, “encubre el delito y eso mismo es un delito”.
• “(...) el fiscal general no está cumpliendo sus deberes”.
• “El fiscal Barbosa está buscando la impunidad de los militares que violaron la niña de 12 años”.
• “(...) volvemos a los tiempos de los allanamientos de Turbay Ayala. Ahora agenciados por el Fiscal amigo de Duque*”.
• “La selección del fiscal amigo de Ordóñez, hecha por el fiscal Barbosa, es una verdadera burla a la justicia colombiana”.

Cuando se desencadenaron las protestas en Colombia que antecedieron a la campaña electoral de Petro, cuando ya era candidato, Petro le atribuyó a la Fiscalía y al propio fiscal Francisco Barbosa, varios hechos que se presentaron en esa época. Esto, con el propósito, según el informe, de deslegitimar el trabajo de la Fiscalía y los funcionarios de la entidad.

“Lo anterior evidencia que las intervenciones constantes y consistentes en redes sociales por el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro, buscaban el desprestigio no solo personal del suscrito, sino institucional en mi calidad de fiscal general de la nación de Colombia, para deslegitimar el ejercicio del cargo por parte del suscrito, generando resentimientos y odio en un sector de la sociedad colombiana afecto a las convicciones del primero, provocando además reacciones violentas en la conciencia colectiva”, advirtió Barbosa en el documento.

El presidente Petro

En el documento, el fiscal Barbosa, también advirtió sobre las acciones, comentarios y opiniones que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha realizado como jefe de Estado en contra del fiscal y la institucionalidad del país.

De acuerdo con Francisco Barbosa, Petro no cambió su discurso cuando llegó al poder, sino que mantuvo sus pronunciamientos contra la Fiscalía y el propio fiscal, y ahora con un mayor peso, dada la condición de su cargo como mandatario de los colombianos.

En esta versión, Gustavo Petro fue más incisivo, según afirma el documento. En estos últimos dejó en tela de juicio la transparencia de la institucionalidad. De hecho, la de algunas dependencias del mismo Gobierno, como lo fue el caso de las chuzadas a la niñera, los llamados audios de Benedetti y, un caso más cercano, las entrevistas de Nicolás Petro y Day Vásquez.

“Basta este solo hecho, debidamente documentado, para probar que los sentimientos de odio sembrados en colectivo social a través de las redes sociales pueden llegar a materializar hechos violentos, que no solamente se quedan en ataques verbales a la dignidad de las personas e instituciones, sino que se materializan violencia física y actos de terrorismo contra los bienes de la entidad que represento”, señala la solicitud de medidas cautelares.