Piden informe detallado por la salida de una cárcel de Barranquilla de condenados empresarios. ¿De quiénes se trata?

El director nacional del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) coronel Daniel Gutiérrez, solicitó un informe detallado y completo sobre los movimientos de tres reclusos de un patio en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla.

Se trata de ‘Kiko’ Gómez, el exgobernador de La Guajira, el empresario Carlos Mattos y Emilio Tapias, acusado ahora formalmente por el caso de corrupción de Centros Poblados y dos contratos más de Emcali.

El informe deberá sustentar “motivo, destino y fecha” de cada salida de cada uno de los reclusos y con apoyo de la Unidad de Policía Judicial de ahora en adelante se les realizara por petición del director del Inpec registros fotográficos diarios, fotos de actividades fuera de la celda y al momento de ser devueltos a la misma.

Según explicó en la solicitud el coronel, le preocupa la salida de estas personas del centro penitenciario, pues por ejemplo, Carlos Mattos ha salido en varias oportunidades por motivos de salud a citas médicas.

Sin embargo, adicionalmente a ello, el coronel pidió que se refuerce la seguridad de las rejas de las celdas, se realicen constantes requisas al interior de ellas y se cumpla con los horarios del reglamento.

La solicitud de hace en medio del anuncio de la Fiscalía de acusar formalmente a Emilio Tapia Aldana por su presunta participación en distintos actos de corrupción identificados en el trámite y celebración de contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas.

“Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades ciudadanas”, indicaron desde la Fiscalía.

Caso ‘Centros Poblados’

Dos de los eventos que se le atribuyen a Tapia están relacionados con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal ‘Centros Poblados’, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales.

Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato.

En la investigación se conoció que Emilio Tapia Aldana recibió 6.182 millones de pesos de los recursos iniciales entregados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías.

El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos no plasmados en el plan de inversión como compra de obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta, y el pago de honorarios a abogados.

Por estos hechos, la Fiscalía lo acusó por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

Inconsistencias en proyectos de tratamiento de agua en Cali

El material probatorio indica que Tapia Aldana estaría involucrado en la falsificación de varios documentos que fueron presentados en procesos licitatorios surtidos ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.

Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación no la cumplía el consorcio del hoy procesado.

Por esta razón, habrían sido adulterados dos papeles denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali. De esta manera, los funcionarios públicos incurrieron en error y permitieron que las empresas de Tapia Aldana participaran en la licitación y se quedaran con los contratos