Polémica por contrato de magistrado Reyes, que investigó a Uribe en la CSJ, con Gobierno Santos

Una gran polémica se desató en el país después de que el expresidente Álvaro Uribe - quien denunció sesgo político en su investigación en la Corte Suprema de Justicia por supuestos soborno y fraude procesal - publicara un trino en el que confirma que el magistrado César Augusto Reyes, que hizo parte del proceso contra el líder del Centro Democrático como ponente, firmó un contrato con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

Dicho contrato se firmó en julio de ese año entre el Gobierno y la empresa de la que Reyes, que aún no era magistrado, era socio y subgerente, Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda. La contratación se hizo a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz y fue por más de 500 millones ($575.674.360) por cuatro meses.

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La función de la firma de la que el hoy magistrado era socio era establecer la situación jurídica y el estado de salud de integrantes de Farc quienes figuraban como presos. Por esos días se daban los últimos pasos previos a la firma del acuerdo final de paz entre el estado y la entonces guerrilla.

El conocimiento de ese contrato dio paso a una polémica en que los afines al exmagistrado dicen que se confirma el sesgo político de Reyes contra Uribe, y se apunta a que debió declararse impedido para investigar al exsenador. 

Cabe resaltar que durante el proceso de Uribe en la Corte hubo una importante selección de los magistrados. De hecho,  Cristina Lombana fue apartada por haber trabajado con Jaime Granados, hoy abogado del exmandatario.

En la mañana de este jueves, el partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que afirma que este hecho “es una muestra de las denuncias hechas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre sesgo político e intereses personales por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia”.

“Este hecho ratifica que el proceso estaba empañado por claras intenciones de difamación e infamia, las cuales hoy quedan en evidencia, pero que adicionalmente ponen en riesgo la institucionalidad y credibilidad de la Corte”, agregó el partido del uribismo.

Cabe recordar que el expediente de Uribe ya fue enviado a la Fiscalía, pues con su renuncia al Senado la Corte Suprema ya no tiene la función de investigarlo.

La defensa de quien fuera presidente entre 2002 y 2010 solicitó su libertad inmediata, pues considera que la medida de aseguramiento impuesto por la CSJ no tiene validez.