Por falta de rigor, la Corte Constitucional le devolvió al Presidente Petro el ‘plan de acción’ por muerte de niños en La Guajira

El gobierno Petro recibió una orden de la Corte Constitucional de presentar en un plazo de un mes el plan de acción para solucionar la crisis causada por la muerte de menores en el departamento de La Guajira.

La decisión obligó a la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional a revisar el documento relacionado con el Plan de Acción Integrado y Unificado, notando que “aunque el plan intenta presentarse como un documento integrado y articulado, el desarrollo de cada uno de los derechos no muestra evidencia de haberse llevado a cabo con el mismo rigor”.

Siendo así, la Corte señaló que cuatro de los cinco componentes del plan postulado, y cuales están relacionados con los derechos al agua, la seguridad alimentaria, la información y la salud, no están claros.

“Las acciones propuestas frente a cada derecho deben regirse por unos objetivos, parámetros técnicos y condiciones que obligan a un juicio minucioso para conseguir su aprobación. En este sentido, se estudiará con detalle los derechos a la información, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la movilidad, a la luz de las exigencias planteadas en los autos 696 de 2022 y 1290 de 2023″, plante la Corte Constitucional.

Es importante aclarar que esta situación que derivó en la emergencia no es algo nuevo del gobierno Petro, sino que en el 2017, la Corte Constitucional declaró una crisis humanitaria debido a la violación sistemática de los derechos de los menores Wayuú, debido a la alta tasa de mortalidad relacionada con la desnutrición, que llegó al 32.54 % por cada mil niños menores de cinco años, en comparación con la media nacional del 6,76 %.

De esta manera, se ordenó que “la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de La Guajira y a los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, como entidades obligadas, ajustar el Plan de Acción Integrado y Unificado”.