¿Se acabarán los pasaportes en Colombia? Por orden del canciller Álvaro Leyva, se declaró desierta esta licitación

Este miércoles 13 de septiembre, el canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para la expedición de pasaportes en Colombia. Esto, después de suspender por tercera vez dicho proceso para el documento.

Se trata de una licitación por 559 mil millones que al parecer sería para Thomas Greg & Sons, compañía que durante varios años ha elaborado y producido estos documentos de viaje que identifican a los colombianos fuera del país, pero que a la vez ha sido criticada por al gobierno del presidente Gustavo Petro y sus seguidores.

La licitación LP-001-2023 tiene como objeto “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánicos a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores”.

Es de mencionar que, en las últimas semanas, el canciller Leyva había anunciado que se haría cargo del proceso que lidera el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que la audiencia quedaba suspendida hasta este 13 de septiembre a las 4:00 p. m.

Sin embargo, hasta el momento, dicho proceso estaba siendo liderado por José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, por lo que hay dudas sobre si se mantiene en su cargo, ya que se pueden levantar investigaciones internas dentro de esta misma cartera.

Ahora bien, frente a la incertidumbre que esto genera, se suman las dudas de los colombianos que vayan a solicitar este documento. Frente a esto, en exclusiva para Semana, se conoció que el proceso podría terminar el próximo 2 de octubre y se hablaría de la solicitud de una prórroga para continuar con la elaboración de pasaportes.

Por su parte, la Procuraduría ha estado al tanto de esta licitación y ha alertado de un posible detrimento patrimonial, además de la preocupación que hay por los problemas que puedan tener los colombianos con esta tarjeta de identificación.

“Existen motivos fundados que impidieron la escogencia objetiva”, dijo en medio de la audiencia de este miércoles el canciller Leyva, pues es cierto que los demás oferentes se quejaban porque siempre se habría buscado privilegiar a la firma Thomas Greg, por lo que desde el Gobierno, se declaró desierto el proceso, ya que estaba viciado y solo se presentó un oferente.

“En enero de 2023 el secretario General (José Antonio Salazar) y la dra. Lida Magaly Rodríguez Gutiérrez se dieron a la tarea de nombrar a la funcionaria más incompetente de todo el Ministerio; la Dra. María Camila Ascúntar Viteri, a quien con la promesa de un sustancioso ascenso se prestó para acolitar el direccionamiento grosero de la licitación hoy ad portas de su adjudicación”, reclamó uno de los demandantes.

Es de resaltar que supuestamente se estaría buscando favorecer a Thomas Greg & Son, la empresa que estaba cercana de ganar el millonario contrato, pero quedó en vilo por la polémica que eso ha generado en el Gobierno.

“Asimismo, y en aras de asegurar la victoria de este contratista, en el numeral 1.1.1.2. del Pliego de Condiciones Definitivo en su Nota 3 estableció claramente que se exigirían muestras de los pasaportes, contrario a la recomendación del consultor internacional, lo que concretó sin hesitación alguna la adjudicación en cabeza del actual contratista, según lo refleja el Informe de Evaluación Técnico en el que refleja su habilitación como único proponente del proceso de selección”, se lee en la demanda.

En su momento, el mayor órgano de control del Estado instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a prevenir la pérdida de recursos públicos, recordando el valor del proceso que alcanzaba los 600.000 millones de pesos.

”Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, decía tal comunicación.