Por paro armado del ELN, hay confinamiento de 45.000 personas en Chocó

El pasado 10 de agosto, el ELN anunció un paro armado en cinco municipios chocoanos ante la ofensiva de la banda criminal Clan del Golfo. Seguidamente, la Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente para que se respeten los derechos fundamentales de los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.

Este paro armado indefinido, además, desencadenó el confinamiento de 45 mil personas de 85 comunidades afro e indígenas. Según la información oficial, de ese total, 7500 personas se encuentran con “doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria”.

Preocupa, además, la confrontación y disputa territorial del “grupo rebelde con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) lo que agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá”.

Este paro también afecta a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.

La Defensoría del Pueblo reiteró la importancia de atender las recomendaciones formuladas en las Alertas Tempranas emitidas para la subregión del San Juan: AT 020 del 2021, AT 025 del 2021, AT 027 del 2021 y AT 012 del 2022, “actualizadas con Informes de Seguimiento, máxime que durante el 2023 hubo seis paros armados en el departamento, más dos que ya son registrados en este 2024.

Asimismo, la Defensoría mencionó que estos alarmantes hechos “ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos y desplazamiento forzado”.

Por esa razón, le pidió a las instancias estatales competentes a poner en marcha acciones de prevención y protección para que sean garantizados los derechos de la población en situación de riesgo o afectada.