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Colombia
Por presunta corrupción, Corte Suprema abrió investigación contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle
Presuntamente están involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra de los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, por estar presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La investigación apunta a que dentro de la Unidad se creó una “organización criminal”, como lo denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra, además de cuestionamientos en el traslado de $100.000 millones de la Agencia Nacional de Tierras.
Y es precisamente en todos ellos donde, de una forma u otra, fichas del gobierno de Gustavo Petro habrían tenido intervención. En el caso de la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a La Guajira, la investigación dio cuenta de que López y Pinilla se aliaron con López Rosero para entregarle dichos contratos por un valor de $108.000 millones, a cambio de un 13% de coimas.
Pero todo no para ahí. Con el dinero ganado ilegalmente, según la investigación, Olmedo López habría entregado $3.000 millones a Name, a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y de $1.000 millones a Calle, por presunta orden directa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del DNI.
Con información de Colprensa
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