Por qué desalojaron a excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga y su familia de lujosa mansión en El Poblado

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, indicó recientemente que recuperó el inmueble que se encontraba ocupado irregularmente por la familia del ex contralor de Antioquia Sergio Zuluaga, desde finales del 2022.

La incautación del bien se dio, gracias a que el Juzgado 35 civil del circuito penal de Bogotá negó una acción de tutela interpuesta por Laura Botero, esposa del excontralor para frenar el operativo de desalojo de la propiedad, la cual, desde el 2019, estaba bajo el proceso de extinción de dominio por parte de la Sociedad de Activos Especiales, y que pretendía ser salvada, argumentando que esta salvaguardaba el derecho de vivienda digna para sus hijas.

“Nosotros contestamos la acción de tutela argumentando que ellos tenían capacidad económica porque aparecían en bases de datos de seguridad social como personas cotizantes al régimen de seguridad social, han tenido contratos con la administración pública y que hay suficiente oferta institucional de la Alcaldía y el ICBF para atender a sus hijos si quedaban en condición de calle”, dijo a un reconocido medio nacional el gerente regional de occidente de la SAE, Mauricio Urquijo.

Cabe anotar que, la propiedad era una lujosa mansión ubicada un costoso sector de Medellín. Así las cosas, luego de 20 días de haber frenado el proceso de desalojo por parte de la entidad correspondiente, este finalmente se hizo en compañía de personal del ICBF, la Personería de Medellín, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana.

Según se supo, Zuluaga estaba dentro del inmueble al momento de la diligencia. La casa estaba en buen estado aunque según resaltó la entidad ya se encontraba desocupada pese a que hace 20 días aún se encontraba con los enseres de la familia Zuluaga Botero.

Fue en el año 2019, cuando la Fiscalía General de la Nación vinculó a Sergio Zuluaga a investigaciones, por pertenecer a una red de corrupción que engavetaba hallazgos fiscales en alcaldías de municipios de Antioquia a cambio de dádivas y favores personales.

El ente acusador dijo en su momento que “entre los años 2017 y 2018 algunos servidores de la Contraloría General de Antioquia que detectaron hallazgos fiscales durante las auditorías de rutina, pero se habrían abstenido de denunciar las irregularidades a cambio cuantiosas sumas de dinero o la adjudicación de millonarios contratos”.

Durante las diligencias en las que fue procesado Zuluaga, junto con siete funcionarios estatales y dos particulares, el gobernador Luis Pérez salió a los medios a pedir “misericordia” por el encargado de velar por los recursos de los antioqueños.

Concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades fueron los cargos que les endilgaron a los detenidos.

Sin embargo, tras varios días de audiencias el juez que las presidió consideró que el ente acusador no cumplió con la carga “argumentativa y demostrativa”, por lo que decidió que el exfuncionario antioqueño no era merecedor de una detención preventiva y podía enfrentar su proceso en libertad, como lo ha hecho hasta ahora.

No obstante, en el año 2021, el excontralor Sergio Zuluaga fue destituido de su cargo por la Procuraduría, tras ser imputado por la Fiscalía de los delitos contra el patrimonio público. En la actualidad, el exfuncionario sigue siendo investigado por la Fiscalía por presuntos malos manejos en dicho cargo.