Por segunda vez en la historia, la Corte Suprema de Justicia escogerá a una mujer como fiscal general de la nación

Por segunda vez en la historia, la Corte Suprema de Justicia escogerá a una mujer como fiscal general de la nación, luego de que hace 14 años, Viviane Morales llegara al cargo.

En esta ocasión, el 25 de enero la Sala Plena de la Corte Suprema tiene en el orden del día de su primera sesión, la responsabilidad de decidir quién, entre Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruíz, y Luz Adriana Camargo Garzón, tomará las riendas del que el fiscal general actual, Francisco Barbosa, ha calificado como “el segundo cargo más importante” del país.

Las hojas de vida de las tres candidatas están en los despachos del alto tribunal desde finales de septiembre, cuando el presidente Gustavo Petro reemplazó a Amparo Cerón por Luz Camargo, lo que desató varias controversias jurídicas que, cuatro meses después de aquella reunión con el saliente presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena, se han resuelto poco a poco.

Reparos en común

Las tres ternadas para suceder a Francisco Barbosa tienen varios aspectos en común. Han sido fiscales, tienen vasto conocimiento en derecho penal y están nombradas en lo que la academia y algunas organizaciones, como Human Rights Watch, han calificado como una celebración al principio de independencia de poderes, vulnerado si un o una fiscal general aspira a hacer oposición política.

Entre sus cualidades en conjunto, además, persiste un aspecto clave: sus desencuentros con el estado actual de la Fiscalía General de la Nación. Cada una de las tres asegura tener algo que cambiar, desde la composición de algunas unidades encargadas de investigar ciertos delitos hasta la cantidad de empleados de carrera que tiene la entidad.

Ángela Buitrago, por ejemplo, cuestionó que la estructura organizacional de la Fiscalía concentra demasiado poder en las direcciones y altas jerarquías, pero no en los funcionarios.

“Tenemos un número de fiscales muy reducido, un número de Policía Judicial que no alcanza a equiparar el de fiscales y un número de asistentes que no iguala al de los fiscales”, dijo el 23 de noviembre.

El resultado de esa desorganización, según Buitrago, es que la tasa de absoluciones en los casos que llegan a juicio está entre el 57% y 63%. Asimismo, según la ternada Luz Camargo, es necesario buscar la manera de que la Fiscalía pueda atender una criminalidad que “no es homogénea: “No es la misma criminalidad la que actúa en Soledad, Atlántico, que la que ocurre en Acandí, Chocó”.

Mejorar la investigación criminal, el camino a seguir

Buitrago, Camargo y Pérez tienen claro que el futuro de la Fiscalía General de la Nación reposa en la capacidad de sobrepasar las tasas de impunidad y de absoluciones. Para Amelia Pérez, la clave está en fortalecer las Unidades de Reacción Inmediata (URI), tanto en términos de personal como en recursos técnicos y científicos. “Son la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia”, señala.

Para Luz Adriana Camargo, el enfoque no debe irse hacia las URI, sino hacia las seccionales de la Fiscalía que a nivel departamental reciben denuncias y asignan a los equipos de investigación encargados, sobre todo en el uso de la tecnología para reforzar el análisis criminal, pues se trata de “un elemento básico para abordar los fenómenos criminales”.

Camargo se ha basado en sentencias de la Corte Suprema para explicar que la Fiscalía hasta ahora incumple con la “debida diligencia” con la que debe actuar, lo que hace que presente “incongruencias” entre las imputaciones y los hechos jurídicamente relevantes, la base de cualquer causa penal. “En esas materias no se puede estar fallando”.

Mientras que Ángela María Buitrago le apostaría a una “reingeniería” que se separe de la mera jerarquización y le apueste a la labor natural del ente: investigar y acusar. “Muchas personas están en el cargo de fiscal y no cumplen con su trabajo”, afirmó, por lo que haría reajustes para cambiar la carga laboral “inmanejable” por la que en cada despacho podría haber entre 400 y 1400 carpetas.

La programación en la Corte Suprema

La Corte se siente segura frente al cumplimiento del cronograma que fijó el 31 de octubre, cuando estableció las fechas en las que escuchó a las ternadas en una audiencia pública y en las que iba a desarrollarse una primera jornada de votación, que resultó fallida el 7 de diciembre, cuando priorizó la posesión del magistrado Fernando Jiménez y la espera del nombramiento de Gerardo Barbosa.

La confianza quedó demostrada en un oficio remitido al Consejo de Estado en medio de una acción de tutela que pide que se le exija a la Corte votar antes del 13 de febrero, cuando termina el período de Francisco Barbosa, y evitar que Martha Mancera sea fiscal interina. Se trata de un recurso elevado por el docente antioqueño Germán Espinosa Mejía.

En resumen, Espinosa Mejía, en una tutela de dieciocho páginas que combina letras mayúsculas y minúsculas azules y rojas, indica que busca evitar períodos de interinidad como el de Guillermo Mendoza Diago, quien fue fiscal encargado por un año luego del fin del período del exembajador en Egipto Mario Iguarán. Según él, la Corte Suprema no ha hecho nada para evitar ese escenario.

“Se hace notar que los argumentos expuestos por el accionante tienen como sustento suposiciones infundadas de una eventual demora en la elección del funcionario público, lo que carece de asidero alguno, pues, como se indicó, se ha seguido estrictamente el cronograma inicial, con total transparencia y publicidad”, aseguró el magistrado Fernando Castillo como respuesta.

Sin embargo, la probabilidad de que no haya humo blanco este jueves es palpable, principalmente por la elección de las mesas directivas de la Corte y de cada Sala, que está pautada para el mismo 25 de enero. Aun así, a diferencia de la segunda mitad del año pasado, el pleno de la Corporación está completo: 23 magistrados y magistradas podrán votar, la ganadora deberá tener más de 17 apoyos.