Por sobrecostos del 300% en el transporte entre Putumayo y Amazonas, la SIC emitió medida cautelar a propietarios de embarcaciones

En la mañana de este miércoles, la Superintendencia de Industria y Comercio se refirió a los hechos que ocurren en el muelle La Esperanza de Puertos Asís, Putumayo y y el de Victoria Regia, en Leticia, Amazonas, donde la Asociación de Propietarios de Embarcaciones Fluviales – Aproef y los transportadores afiliados a ella estarían incrementando hasta en un 300% el costo del transporte de carga. Esto, a su vez, genera sobrecostos en el consumidor final, bien sea en los alimentos u otros productos que se comercializan en el Putumayo o el Amazonas.

Cabe destacar que es mediante el transporte fluvial cómo la mayoría de la población de estos territorios se abastecen, debido a que es imposible la comunicación terrestre con Leticia. Esta, entonces, se ha caracterizado en esta zona del país como una de las principales formas de transportar productos a la capital del departamento de Amazonas.

Consecuencias de los sobrecostos

Pues la otra manera es por aire, sin embargo, la mayoría de veces el valor del flete aéreo es muy alto o simplemente no hay suficiente capacidad de carga aérea para los productos.

Por eso, es importante estabilizar el costo del transporte fluvial, ya que representa un servicio vital para el abastecimiento de alimentos, productos de aseo y electrodomésticos necesarios para la comunidad.

Luego de que los transportadores pactaron entre ellos sobrecostos en el transporte, el precio de los productos también se elevaron para los consumidores finales.

Por lo que la SIC, al ser la autoridad encargada de la protección de la competencia, vio la necesidad de intervenir y solicitar la suspensión inmediata de estos acuerdos, mediante una medida cautelar, mientras continúan investigando prácticas y procedimientos que afecten la libre competencia.

Medida cautelar

Al respecto, en su comunicado de prensa, la SIC mencionó que: “APROEF desbordó los límites del derecho de asociación, debido a que lejos de buscar la satisfacción de un interés u objetivo común, pasó a intervenir un aspecto clave de la dinámica de competencia, como lo es el precio que se paga por un servicio, incluso en función de una de las variables fundamentales para su determinación, esto es, su demanda en el mercado”.

Todo esto, se pudo establecer por medio de una queja, que llevó a la Superintendencia a reunir elementos probatorios para acreditar la medida que exige la suspensión inmediata de los acuerdos establecidos entre los transportadores para elevar los precios. Esto debido a que la comisión ha considerado que estas conductas son anticompetitiva, que es injustificada y además está generando graves daños en el mercado de la región, que se ha visto afectado por el sobrecosto de los fletes.

Cabe destacar que la entidad es la encargada de vigilar y sancionar a los agentes del mercado que pudieran llegar a infringir la libre competencia, afectando así el derecho de todos, tanto de los ciudadanos como de las empresas trabajan en estos mercados.

Exgobernador Carlos Rodríguez vuelve a ser imputado por la Fiscalía

En septiembre de este año, la Fiscalía General de la Nación imputó nuevamente al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, por una presunta defraudación al erario público que ascendería a más de 17.000 millones de pesos. Cabe destacar que en mayo de este año había sido imputado por contratación irregular por más de $26.869 millones.

Los hechos que fueron objeto de investigación habrían ocurrido en 2015, cuando Rodríguez Celis presuntamente instruyó a sus colaboradores para emitir certificaciones que indicaban que el proyecto formaba parte del Plan de Desarrollo Departamental, a pesar de que esto no reflejaba la realidad.

La investigación arrojó que habría presentado una certificación de la empresa EEASA ante el DNP, con el propósito de demostrar que el proyecto era sostenible, cuando en realidad no lo era.