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Procuraduría abre investigación a funcionarias de la Subred de Salud Norte por posible compra de medicamentos vencidos
Las investigadas son Rossy Yaneth Peña García y Gloria Andrea Panesso Rodríguez, por falta de controles administrativos.
Dos funcionarias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, son investigadas por la Procuraduría General de la Nación por posible compra de medicamentos vencidos.
Se trata de Rossy Yaneth Peña García, directora de servicios complementarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, y de Gloria Andrea Panesso, profesional especializada de la Subgerencia de Servicios de Salud de la misma entidad, quienes son acusadas por presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos vencidos durante el período 2019-2021.
Según el Ministerio Público, estas irregularidades se habrían producido debido a la falta de implementación de controles administrativos y pertinentes, impidiendo que los elementos, valorados en aproximadamente $169.254.070, fueran utilizados a tiempo en el centro hospitalario, afectando potencialmente a los usuarios.
Así las cosas, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción ordenó la recolección de medios probatorios necesarios para determinar la veracidad de las conductas imputadas a las servidoras públicas y establecer si hubo o no una falta disciplinaria.
El proceso de investigación incluye, además, la recopilación de distintas pruebas con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos. Las pruebas que se recopilen en el procesos de investigación, estarán enfocadas en determinar la culpabilidad o inocencia de las funcionarias, así como el impacto que las irregularidades pudieron haber tenido sobre los servicios ofrecidos a los usuarios del centro hospitalario.
Según los informes recibidos, la investigación no solo se enfoca en la compra de los medicamentos vencidos, sino también en determinar si las funcionarias, en sus respectivos roles, llevaron a cabo las tareas administrativas y de control adecuados. “La fiscalización de estas acciones tiene la finalidad de asegurar que no dejaron de cumplir con sus deberes y responsabilidades”.
Además, la Procuraduría busca conocer si las fallas administrativas ya se venían presentando o se trata de un incidente aislado. Si se llega a descubrir que las funcionarias son culpables de los cargos que se les imputan, recibirían sanciones disciplinarias conforme a las normativas vigentes en el país.
