Procuraduría abre investigación al Canciller Álvaro Leyva por crisis migratoria

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la procuradora Margarita Cabello destacó el agravamiento sin precedentes de la crisis migratoria en todas las fronteras del país, con un aumento de hasta el 99% en el número de migrantes en tránsito que ingresaron entre 2022 y 2023.

En una declaración contundente, la jefa de este ministerio público anunció la apertura de una investigación contra el Canciller Álvaro Leyva y el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, por su presunta responsabilidad en la negligencia frente a esta crisis.

“Si no encontramos oídos que nos escuchen, ojos que nos observen y atención a nuestras reclamaciones, no dudaremos en seguir iniciando la acción disciplinaria a que haya lugar”, aseguró.

La procuradora Cabello expresó su preocupación por la falta de liderazgo y coordinación por parte del Gobierno Nacional ante esta situación, a pesar de las recomendaciones previas de su equipo tras visitar los puntos críticos.

Solo en el Tapón del Darién, más de 248.000 migrantes cruzaron hacia Panamá en 2022, cifra que se ha elevado a cerca de 500.000 en lo que va finalizando este 2023.

Crisis humanitaria

La Jefe del Ministerio Público aseguró que la injerencia de grupos armados ilegales en el tráfico de migrantes y la proliferación de agencias de viajes aparentemente legales son los que “están administrando ese perverso negocio y los vejámenes a que son sometidos los migrantes, como abusos sexuales, esclavitud, trata de menores de edad y microtráfico, son situaciones comunes en todas las fronteras”.

Durante el informe presentado, se entregaron detalles sobre los fenómenos migratorios particulares que se presentan en Ipiales, Nariño, donde proliferan los pasos ilegales o trochas, controladas por los traficantes y los migrantes permanecen en calles y parques, sin acceso al agua potable, alimentos, baños y salud, mientras consiguen dinero para continuar su travesía por la ruta entre Tumaco y Buenaventura para llegar a Centroamérica por una nueva ruta detectada en el Pacífico.

Este fenómeno migratorio también se presenta en el Guainía por cuenta de la minería informal que se realiza en este departamento y el estado fronterizo de Amazonas, Venezuela, donde se han presentado desplazamientos violentos de migrantes de los dos países, que sobreviven en Puerto Inírida en condiciones deplorables.

Finalmente, la jefe del Ministerio Público aseguró que la Procuraduría seguirá indagando por las acciones adelantadas en cada caso, especialmente frente a los 38 ciudadanos venezolanos desaparecidos en aguas de san Andrés, hasta lograr que haya respuestas y que los servidores públicos responsables de proteger los derechos de esta población vulnerable cumplan con su deber.

*Información de Colprensa.

Licitación de pasaportes

Con el objetivo de recolectar información dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en el proceso que se presentaron cuando declararon desierto el proceso de licitación de pasaportes, la Procuraduría General de la Nación adelanta una inspección en las Oficinas de la Cancillería.

Es importante mencionar que el Ministerio Público inició este proceso hace unas semanas, cuando informó la apertura de una investigación contra el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, y el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.

La Procuraduría investiga, exactamente, un contrato de 600 mil millones de pesos para suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, asimismo, el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de la visa colombiana.

El pasado miércoles, 13 de septiembre, la licitación de pasaportes fue declara desierta por el propio canciller Leyva, en medio de los reparos que se presentaron porque el único oferente era la empresa Thomas Greg & Sons, la cual se ha ganado el contrato en los últimos 16 años.

Bajo este contexto, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que la determinación por parte de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, supuestamente, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, es decir que pudieron incurrir en falta disciplinaria.

Además, se podría decir que tanto Leyva, como Salazar, pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

*Con información de Colprensa