Procuraduría advierte que emprendería acciones disciplinarias contra una magistrada de la JEP; ¿de quién se trata y por qué?

La Procuraduría General de la Nación anunció que instaurará acciones disciplinarias contra una magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, si supuestamente continúa negándose a responder, entre otras, la solicitud de modificar los tiempos que concede a las partes vinculadas al proceso para que reconozcan los hechos y las conductas que les imputan dentro del macrocaso que investiga el crimen del secuestro.

Se trata de Julieta Lemaitre, quien hoy ejerce como presidenta de dicha sala. Según explicó el Ministerio Público, actualmente la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP insiste en trasladar al mismo tiempo un escrito preliminar con las imputaciones jurídicas del caso a víctimas, intervinientes y comparecientes.

Todo ello para que se presenten las observaciones por parte de los afectados y se realice el reconocimiento por parte de los perpetradores.

“La decisión de la magistratura va en desmedro de las garantías procesales propias que tienen todos los ciudadanos al debido proceso y a conocer de forma clara y definitiva los términos de la imputación frente a los cuales se les pide pronunciarse y asumir responsabilidad”, señaló la Procuraduría.

A raíz de lo anterior, el ente de control dirigido por Margarita Cabello presentó una propuesta para que la Sala de Reconocimiento realice un primer traslado del Auto provisional de manera que los comparecientes, víctimas e intervinientes especiales hagan las observaciones pertinentes.

Asimismo, con posterioridad haya un segundo traslado de un Auto ya definitivo que incorpore las manifestaciones hechas por quienes intervienen en el proceso, a fin de que los comparecientes realicen su correspondiente reconocimiento.

Por otra parte, la Procuraduría advierte en su escrito que, impedir que las víctimas de secuestro se acrediten en el macrocaso 1 después de proferido el Auto de Determinación de Hechos y Conductas carece de fundamento jurídico, vulnera los derechos de las víctimas a la participación y crea un trato desigual frente a otros macrocasos en curso, en donde sí existe esta posibilidad.

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*Con información de Colprensa