Procuraduría advirtió que hay más de 11.000 casos represados de pensión por invalidez

La Procuraduría General llamó la atención al Ministerio de Trabajo y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por el alto número de casos represados de solicitudes de la ciudadanía para alcanzar una pensión por discapacidad.

Según señalan desde el Ministerio Público, son 11.417 casos a corte de diciembre del 2023 que esperan su valoración final para acceder a su pensión por invalidez, sin respuesta alguna.

Calificó esta situación como “reprochable” en razón a que los usuarios tengan que esperar entre 4, 6 y hasta más de 12 meses sin recibir respuesta a su proceso de calificación, vulnerando derechos de esta población.

Ante esta situación, la procuradora Claudia Hernández, Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, instó a estas entidades a mejorar la calidad en la prestación del servicio y solicitó, además, a las Salas de Descongestión de la Junta Nacional de Invalidez agilizar los trámites de solicitudes de calificación.

Asimismo, y en aras de velar por la garantía de los derechos de los miles de ciudadanos afectados, la delegada anunció que realizará mesas de seguimiento con el propósito de lograr la descongestión efectiva del alto represamiento y de esta manera garantizar resultados óptimos para la población en condición de discapacidad.

Este hecho ya ha generado críticas desde diversos sectores, los cuales le piden al Gobierno Nacional tener especial atención en este aspecto, ya que se le podría estar negando el derecho a una pensión a las personas que podrían merecer tener estos recursos debido a una invalidez.