Procuraduría destituye e inhabilita por 20 años a policías implicados en caso Javier Ordóñez

Con la máxima pena disciplinaria, una destitución e inhabilidad por 20 años, fueron sancionados los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, implicados en la muerte del ingeniero y estudiante de Derecho Javier Ordóñez.

El fallo fue leído este martes por Aura Fajardo, delegada de la Procuraduría. El Ministerio Público concluyó que los patrulleros actuaron "con brutalidad e intención".

"Se puede afirmar, sin lugar a ninguna duda, que el señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez fue objeto de violencia física a pesar del estado de indefensión en que se encontraba, mientras permaneció en el CAI Villa Luz", indicó la delegada en la audiencia, difundida por Noticias Caracol.

Según el documento leído por la funcionaria, "sin consideración o razón alguna y con brutalidad, Javier Humberto Ordóñez Bermúdez recibió golpes contundentes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda Cubillos y nunca recibió auxilio o atención a pesar de sus lamentos y desesperación por las dolencias que lo afectaban".

La Procuraduría asegura que los patrulleros mintieron en los informes que rindieron y sí hubo uso excesivo de la fuerza.

"La intención de causar la muerte al ciudadano Ordóñez Bermúdez se infiere de la formación que reciben los policías y su experiencia, que les enseña dónde golpear según el propósito que se busque. Si simplemente se hubiera querido lesionar, las patadas y puños no hubieran tenido la misma contundencia y hubieran sido dirigidas a las piernas o brazos", explicó la delegada.

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Según lo explicado por la representante del ente de control, los videos e imágenes recolectados "permiten evidenciar al patrullero Lloreda Cubillos golpeando con sus pies y sus manos en repetidas ocasiones a la persona que se encuentra en el suelo, y allí está presente, agachado, el patrullero Harby Damián Rodríguez".

Indicó que la muerte de Javier Ordóñez se produjo por la hemorragia interna que le causó la "cruel y cobarde golpiza" a la que fue sometido, que terminó estallándole un riñón y haciéndole perder 3.500 centímetros cúbicos de sangre.

Por todo lo anterior, el Ministerio Público calificó el comportamiento de los hoy expatrulleros como "falta gravísima" y los halló responsables de abuso de autoridad y exceso de fuerza, por lo cual les impuso la pena máxima.