Colombia
Procuraduría formula cargos a exministra del Deporte por retiro de la sede de los Juegos Panamericanos a Colombia
Se investiga el detrimento causado a la ciudad de Barranquilla que ya había pagado US$2,5 millones de dólares.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la exministra del Deporte del gobierno Petro, Astrid Bibiana Rodríguez, por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con Panam Sports Organization, que provocó el retiro de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a Barranquilla.
De acuerdo con el ente disciplinario, que estudia la rescisión del negocio jurídico, tanto la exministra Rodríguez como el secretario general de esa cartera, Luis David Garzón, también incluido en el proceso, “habrían permito el incremento en el patrimonio de la empresa en detrimento de la ciudad en 2 millones 250 mil dólares que había pagado la Alcaldía como parte de lo establecido y que se perdieron por el impago del Ministerio”.
La exministra del Deporte Astrid Bibiana Rodríguez deberá dar explicaciones ante la @PGN_COL por, presuntamente, incumplir obligaciones y causar cancelación de los #JuegosPanamericanos2027🚫.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 26, 2024
Barranquilla perdió $2.25M🔍#EsNoticia 👉 https://t.co/5KFkXUEwgn pic.twitter.com/PHBoQj4fZu
Señala la Procuraduría en su comunicado que: “Como parte de la actuación disciplinaria, el Ente de control observó que la exministra posiblemente quebrantó los principios de eficacia, diligencia y celeridad de la función pública al resolver el 27 de diciembre de 2023 no suscribir el contrato y no honrar el compromiso asumido de hacer efectivo el monto pactado de acuerdo con el plan de pagos establecido el 30 de diciembre”.
Por su parte, la Entidad sostuvo que en el caso del secretario, que fungía como ordenador del gasto, pasó por alto el principio de eficacia al supuestamente detener el proceso contractual para modificar la forma de pago a través de un acto administrativo, con lo que se afectó la imagen, seriedad y credibilidad del Estado colombiano.
Concluye la Procuraduría General de la Nación que “los servidores actuaron consciente y libremente, de forma voluntaria y con conocimiento, pese a las advertencias de los efectos negativos que tendría incumplir el contrato ciudad, situación que al parecer fue omitida y que produjo las consecuencias referidas, por lo que calificó de manera provisional la presunta conducta de los funcionarios como falta gravísima cometida a título de dolo”.
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