Procuraduría formuló cargos contra el alcalde de Cartagena, William Dau, por presuntos sobrecostos en contrato del PAE

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra del alcalde de Cartagena, William Dau, por posibles irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar de la ciudad durante la pandemia. Esta decisión daría un nuevo rumbo a las investigaciones en contra del mandatario local.

El ente de control también formuló cargos en contra de la directora de Cobertura de Educación del municipio, Alexandra Herrera, pues ambos funcionarios estarían involucrados en las presuntas irregularidades en la contratación del PAE.

Según un comunicado revelado por la Procuraduría este martes, 8 de agosto, las irregularidades se presentaron en el contrato para proveer las raciones alimenticias diarias del PAE a 97.135 estudiantes de los colegios públicos de la ciudad durante la pandemia. Los sobrecostos por estas anomalías en la contratación ascienden a los 527 millones de pesos.

La Procuraduría expuso que el mandatario distrital suscribió una adición por 3.400 millones de pesos sobre el contrato original firmado por 2.459 millones de pesos. Esta decisión se fundamentó en estudios autorizados por la directora de Cobertura de Educación, a pesar de que un informe de la Contraloría General de la República denunciaba sobrecostos.

Entre los hallazgos del ente de control está la diferencia en los paquetes alimenticios propuestos y los que realmente fueron entregados a los estudiantes en sus casas, pues compara los precios de los productos de los kits de alimentaciones en el mercado versus los valores cobrados por el contratista.

Además, los paquetes nutricionales mensuales que constaban de alrededor de 15 productos, aparentemente, fueron entregados incompletos. “En algunos casos solo se entregó uno de los productos y, sin embargo, al parecer, se cobraron por el valor total, incluido el costo, utilidades e impuestos”, dice el comunicado.

La suscripción del contrato y la adición presupuestal aprobada por el alcalde Dau, presuntamente, causaron un detrimento al patrimonio público de 527.398.851 pesos. Según la Procuraduría, la falta del alcalde fue calificada provisionalmente como gravísima.

“La directora de Cobertura Educativa obtuvo la misma calificación provisional de falta gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y presentado los estudios previos PAE, que determinaron el valor del contrato y su posterior adición presupuestal, pese a que al parecer se presentaban sobrecostos”, explica el organismo de control.

Sanción al alcalde

Cabe recordar que hace dos semanas el alcalde de Cartagena fue sancionado por señalamientos calumniosos contra directivos de una universidad de esa ciudad. ”En fallo de primera instancia, la Procuraduría sanciona por cuatro meses al alcalde de Cartagena, William Dau, por afirmaciones contra directivos de la Universidad Cartagena, a quienes calificó como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”.

El organismo de control estaba investigando al mandatario regional por posible incumplimiento al “buen trato, imparcialidad y rectitud” respeto a los directivos de esa institución educativa, por las afirmaciones que podrían afectar “su dignidad humana e integridad”. “Debido a los adjetivos usados, el Alcalde debió retractarse como le ordenó un fallo de tutela interpuesto por directivos y empleados de ese centro de formación”, detalló la Procuraduría.

Luego de conocerse la suspensión proferida por la Procuraduría General de la Nación que aparta de su cargo por cuatro meses al alcalde William Dau, el Distrito informó que apeló la decisión de primera instancia, por lo que el mandatario seguirá en su cargo mientras se dirime el proceso.

Este fallo fue apelado por la defensa del mandatario, por lo tanto, Dau Chamat continúa en el ejercicio de sus funciones. Tras la apelación, el proceso pasa a segunda instancia de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

El mandatario expresó que la decisión del Ministerio Público es “desproporcionada y desconoce la jurisprudencia de las altas cortes nacionales e internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reafirman que los funcionarios elegidos por elección popular solo pueden ser sancionados por jueces penales”.

*Con información de Colprensa.