Procuraduría General abrió investigaciones contra pagadora de caja menor de Medellín y contralor auxiliar de la Contraloría Distrital

Por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del fondo fijo reembolsable, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra la pagadora de caja menor de la alcaldía de Medellín, la abogada Gloria Patricia Agudelo, y el contralor auxiliar de la Contraloría Distrital de esa misma ciudad, Uriel Gómez Grisales.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido en la mañana de este jueves 30 de noviembre por ese ente de control, ese manejo irregular del fondo fijo reembolsable sería una especie de caja menor creada para sufragar los gastos del alcalde en ejercicio de su rol.

La apertura de esta investigación se dio luego de que un periódico local de esa ciudad denunciara, en un primer momento, supuestos incumplimientos injustificados, por parte de la abogada Agudelo, a las citaciones que le hacía la comisión accidental del Concejo municipal, al igual que un inusual incremento de sus bienes.

En segunda instancia, de acuerdo con el comunicado de la Procuraduría, en un artículo de prensa titulado “Contralor que investiga gastos de ‘caja menor’ trabajó con Quintero”, se le cuestiona a Gómez Grisales la supuesta omisión de declarar un conflicto de intereses por estar vigilando una instancia del gobierno local de la que antes dependió, así como su presunta falta de experiencia en auditoría.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ente de control tomó cartas en el asunto y “verificará la ocurrencia de las conductas de los investigados, para determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”.

Así las cosas, en referencia al primer caso, el ente de control busca establecer si Agudelo, quien maneja la caja menor de la Alcaldía, “incurrió en falta disciplinaria por presuntas irregularidades en su actuar, al argumentar seis ausencias a una comisión accidental”.

Adherido a ello, se investigará el presunto incremento patrimonial de la abogada, pues según reza el comunicado, “‘su imagen de empleada austera contrasta con los movimientos financieros de los últimos dos años’ durante los cuales ha comprado una camioneta Nissan Kicks, un apartamento en la urbanización ‘Rodeo Verde’, donde según el registro de la Supernotariado figura comprando dos bienes más, y un tercer inmueble en el barrio ‘Los Colores’ con su respectivo parqueadero”.

En cuanto al caso del contralor Gómez, este fue denunciado en la nota de prensa “porque a pesar de haberse desempeñado como subdirector Administrativo y Financiero del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, entre enero y septiembre de 2020, al posesionarse en la Contraloría de Medellín, en mayo de 2022, ya había pasado por cuatro roles sin declarar el conflicto de intereses al que estaría expuesto, por haber sido funcionario de la administración distrital de Medellín, y ahora, estar auditándola”.

Se resaltó además que entre los “desmanes cometidos con el dinero de esa especie de caja menor”, el periódico citó que esos recursos “se estarían gastando en antojos cotidianos como helados, empanadas, buñuelos, pero también en flores, comidas en los restaurantes más caros de la ciudad y hasta veterinarias”, cuyo “gasto promedio mensual en el último año ha pasado de los $ 26 millones”.