Procuraduría General abrió una nueva investigación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero enfrenta un nuevo proceso en la Procuraduría General de la Nación, luego de que el ente de control abrió una investigación disciplinaria en su contra por presuntas irregularidades durante su mandato en la capital antioqueña.

La pesquisa del Ministerio Público se debe a las presuntas deficiencias en la supervisión de Quintero sobre sus secretarios de gobierno, razón que se fundamenta principalmente en la falta de control sobre la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo.

De acuerdo con el documento de la Procuraduría conocido por El Colombiano, Agudelo habría firmado un contrato que sería irregular con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) por una suma de dinero que asciende a los 319.000 millones de pesos para el mantenimiento de colegios en la ciudad.

Dicho contrato fue firmado el 31 de octubre de 2022, bajo el mandato No. 4600095806. Este documento le dio vía libre al entonces alcalde Quintero para comprometer vigencias futuras por dicho monto para atender el deterioro en las infraestructuras educativas.

La Secretaría de Educación firmó este contrato con el propósito de gerenciar proyectos de infraestructura, que incluían la reconstrucción parcial de colegios, la creación de nuevos espacios en instituciones oficiales y el mantenimiento de las instalaciones existentes.

La apertura de esta investigación responde a denuncias previas sobre presunto mal manejo de los recursos destinados a la educación en Medellín. Según el documento del Ministerio Público, Quintero habría “omitido su deber” de supervisar adecuadamente las acciones de la Secretaría de Educación, lo cual derivó en la suscripción del contrato ahora bajo escrutinio.

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Es de recordar que el exalcalde de Medellín había sido sancionado por el ente de control en julio del año en curso por su presunta participación en política durante su mandato.

La inhabilitación interpuesta contra Quintero fue de seis meses, además, se le impuso una sanción económica de $ 104 millones.