Procuraduría ha abierto 154 indagaciones por hechos ocurridos durante el paro

La Procuraduría General de la Nación informó que en medio de las jornadas de protesta que se adelantan en el país desde el pasado 28 de abril, ya se han abierto 154 acciones disciplinarias por hechos relacionados con presuntas violaciones de los derechos humanos a los ciudadanos.

El ente de control dispuso de procuradores delegados, regionales, provinciales y distritales, con el fin de adelantar todas las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial que se requieran frente a cualquier acto contrario a la convivencia en el marco del paro.

En este sentido, la entidad aseguró que se ha dispuesto medidas para recaudar información sobre los hechos con funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quienes han acompañado la recolección de pruebas, entre ellas la visita a los expedientes disciplinarios de la Inspección General de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Justicia Penal Militar y otras denuncias.

Se constituyeron agencias especiales del Ministerio Público que adelantan el seguimiento a las actuaciones penales en representación de los intereses de la sociedad y las garantías del debido proceso.

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De las 154 indagaciones, 127 son contra funcionarios de la fuerza pública, por posible abuso de autoridad. De estas, tres son investigaciones disciplinarias, y las demás son indagaciones preliminares.

Diez investigaciones más son contra otros funcionarios públicos, entre ellos hay una investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra los protestantes.

17 actuaciones se adelantan contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, entre ellas se encuentran las investigaciones formales contra los congresistas Alexander López, Wilson Arias y María José Pizarro.

Los senadores y la representante, presuntamente habrían utilizado su investidura para intervenir en procedimientos policiales.

Así mismo se investigan a siete alcaldes, el Cartagena, Pasto, Pereira, Neiva y Villavicencio quienes tienen procesos de indagaciones preliminares; mientras que los alcaldes de Paipa y Zipaquirá tienen investigaciones disciplinarias.

Seis concejales, de La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá, Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia) tienen indagación preliminar.

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