Procuraduría investigará a funcionarios de la Fuerza Pública por no acatar alerta de la Defensoría en Barranquilla

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios altos mandos militares y funcionarios del departamento del Atlántico por no haber acatado de manera oportuna las recomendaciones de la Alerta Temprana N° 037 de 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre los investigados se encuentran Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe; José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército; y otros altos funcionarios de la Gobernación de Atlántico, y de las alcaldías de Barranquilla, Puerto Colombia y Galapa.

La alerta, emitida en 2020 y aún vigente, advertía sobre la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que disputaban el control territorial en Barranquilla y su área metropolitana, poniendo en grave riesgo a las comunidades de la región, entre ellas las de Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa.

Dichos grupos se dedican a actividades ilícitas como microtráfico, extorsión, prostitución y narcotráfico, y han sembrado un clima de violencia en la zona.

Según la Procuraduría, durante el periodo de los hechos, que abarca de 2019 a 2023, los mencionados funcionarios no tomaron las acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados en la alerta. Esta falta de respuesta oportuna pudo haber contribuido a la materialización de hechos violentos que afectaron a la población local.

El Ministerio Público dirigido por Gregorio Eljach solicitó a los investigados las copias de las actuaciones que hayan adelantado para cumplir con los requerimientos de la alerta.

La alerta señalaba que los grupos más vulnerables a los actos violentos de estos grupos armados son, entre otros, comerciantes, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios, líderes sociales, sindicatos, víctimas del conflicto, y personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género.

La Procuraduría también requirió un listado completo de los funcionarios que tuvieron responsabilidades en el cumplimiento de la Alerta Temprana No. 037 de 2020.

Por otro lado, mientras el ente de control abrió esta investigación disciplinaria, en la capital del Atlántico se sigue adelantando la cruda guerra entre organizaciones criminales como Los Pepes y Los Costeños por la lucha de las rentas ilícitas que son generadas por extorsiones, rentas ilícitas derivadas de la venta de drogas y el control de los territorios.

“La guerra entre Los Pepes y Los Costeños es histórica en el Atlántico, pero ahora se ha complicado porque el Clan del Golfo intenta ingresar al negocio, aliándose con Los Pepes bajo el liderazgo de Digno. Esta unión podría acabar con la banda de alias Castor y consolidar una organización aún más sanguinaria y poderosa en todo el Atlántico”, explicó al respecto un investigador judicial en entrevista con la revista Semana.

Asimismo, resaltó que los paramilitares del Clan del Golfo tienen el deseo de apoderarse de Barranquilla, ya que su ubicación les permitiría usarla como corredor de drogas provenientes tanto del Mar Caribe como del Río Magdalena.

*Con información de Colprensa y redacción de El País