Procuraduría investigará a funcionarios de la UNP por presuntas irregularidades en millonario contrato para compra de botes

Por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de más de 20 mil millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Así lo dio a conocer el Ministerio Público este jueves, 29 de agosto, quien indicó que dicha contratación se hizo para la compra de botes y motores fuera de borda, los cuales eran destinados para resguardos indígenas en Vichada y Nariño.

Según informó la Procuraduría en un comunicado, al parecer se habrían presentado posibles sobrecostos en la adquisición de dichos equipos, operación que fue adjudicada a la Unión Temporal MP UNP 2024, integrada por las empresas Military Industries y Panitex.

De otro lado, el órgano de control también llevará a cabo una indagación por una presunta falta de idoneidad y experiencia del contratista, pues las empresas que conformaban la UT no tendrían experiencia en el sector náutico, ni en la producción o importación de esa clase de equipos.

“La Procuraduría solicitó a la UNP, entre otros elementos probatorios, copia de los estudios previos y de mercado elaborados, el análisis del sector náutico, así como los demás documentos que soportan el proceso de contratación que se adelantó para la adquisición de los botes y motores fuera de borda”, se lee en el comunicado.

Además, se subrayó que con la apertura de esta investigación, se busca identificar e individualizar plenamente a los presuntos autores de la conducta y determinar si procede iniciar una investigación disciplinaria.

Procuraduría rechaza uso de minas antipersona

La Procuraduría General de la Nación condenó el uso de minas antipersonal por parte de estructuras criminales, ya que, al parecer, disidencias de las antiguas Farc causaron graves lesiones a una niña de 9 años en San Vicente del Caguán (Caquetá) el pasado 24 de agosto.

La menor perdió una de sus extremidades inferiores, tras activar accidentalmente una de estas minas.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, declaró que estos actos “son violatorios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y refuerzan la falta de voluntad de paz de estas organizaciones ilegales”. También subrayó la urgencia de que el Estado colombiano tome medidas contundentes para proteger a la población civil de estos ataques indiscriminados.