6024455000Colombia
Procuraduría investigará presuntas irregularidades en un contrato firmado por la Unidad para la Atención de Víctimas
Se busca establecer si hubo sobrecostos en los productos y servicios o alguna otra irregularidad desde la etapa previa a la firma del contrato.
La Procuraduría abrió una investigación en contra del entonces secretario de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Juan Felipe Acosta, y la subdirectora general y supervisora, Katherin Lorena Mesa, por presuntas irregularidades en un contrato dirigido a las víctimas.
La investigación también cobija a la representante legal de la Corporación Colombiana de Agricultura Urbana y Conservación del Ambiente (Corambiental), para la época de los hechos, Nancy Lucila Manotas Ortiz, quien suscribió el cuestionado negocio jurídico.
En concreto, el Ministerio Público investiga posibles sobrecostos en los productos y servicios convenidos e irregularidades en la etapa precontractual y durante la ejecución de un contrato para desarrollar “actividades de formación solidaria dirigido a emprendedores incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) para fomentar la cultura emprendedora que permita la constitución de organizaciones solidarias”.
Adicionalmente, el ente de control busca establecer si Corambiental incumplió con algunas de sus obligaciones, como no contar con una cuenta bancaria desde el inicio de la ejecución del convenio, lo que pudo afectar una parte de los rendimientos financieros.
Por último, y con el fin de determinar la existencia de los señalados sobrecostos y verificar desde qué fecha se generaron los rendimientos bancarios, la Procuraduría solicitó, entre otras pruebas, a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial.
Este se trata de un nuevo posible caso de corrupción al interior de la Unidad de Víctimas, luego de que en abril de este año su entonces directora, Patricia Tobón Yagarí, descubriera varias irregularidades en procesos adelantados entre 2018 y 2022 para el arrendamiento de inmuebles administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) y procesos contractuales de bienes y servicios.
Tobón Yagarí había solicitado una auditoría forense, lo cual arrojó la pérdida de más de 4.200 millones de pesos ($4.203.798.684) en posibles irregularidades en la administración de bienes inmuebles del FRV y otras anomalías en la contratación de bienes y servicios.
