Procuraduría le pidió cuentas al Gobierno sobre orden de nombrar comisionados de la Creg

Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó al Gobierno nacional que en un plazo máximo de treinta días realizaran todas las gestiones necesarias para posesionar a los seis miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Con ponencia de la magistrada Ana Margoth Chamorro, el Tribunal dio razón al demandante, Gilberto Augusto Blanco, quien interpuso una acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) buscando que la junta de la Creg se complete, pues no ha sido posible tomar decisiones importantes para el país por falta de quorum.

En concreto, el demandante aseguró que el presidente debía nombrar a los demás miembros de la Creg, debido a que “la situación actual genera inseguridad en el sector energético y en los administrados en general, y pone en riesgo la independencia y autonomía de la Creg, máxime si el quórum deliberativo y decisorio se reduce de siete a cinco”.

Así las cosas, la Procuraduría pidió, a través de una carta, detalles sobre las acciones que se han implementado o se planean tomar para cumplir con esta orden judicial.

“Si se han emprendido acciones para dar cumplimiento a lo ordenado por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección Favor indiciar cuáles acciones se han emprendido o se planea iniciar. ¿En qué fecha se estima la integración3 de la CREG y, por tanto, el ejercicio efectivo de sus funciones? A la fecha, ¿quién ejerce los seis (6) cargos de expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva en la CREG?”, dice un documento revelado por Blu Radio.

Y enfatizó en la urgencia de agilizar los nombramientos y de esta manera permitir el adecuado ejercicio de las funciones públicas relacionadas con el sector energético en el país.

De acuerdo con el ente de control, “advierte que la ausencia de designación de los expertos comisionados en propiedad en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha impedido la concreción e implementación de las medidas de política pública y regulación dirigidas a promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, sistemas de almacenamiento de tales fuentes y uso eficiente de la energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas, en la prestación de servicios públicos domiciliarios, en la prestación del servicio de alumbrado público y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad de abastecimiento energético, fines todos estos planteados como objeto de la Ley 2099 de 2021 que comporta la verdadera Hoja de Ruta de la Transición Energética, particularmente en tanto compete a la CREG dar cumplimiento a los mandatos previstos en los artículos 32, 39 y 49 de la mencionada Ley”.