Colombia
Procuraduría pone la lupa en contrato para desarrollo de software por $20.000 millones en el Ministerio de Salud
El ente disciplinario advierte sobre posibles riesgos e irregularidades en el proceso de selección.
Mediante un comunicado hecho público en la mañana de este martes, la Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia al Ministerio de Salud y Protección Social sobre posibles riesgos e irregularidades en el concurso de méritos que adelante con el fin de contratar el servicio de desarrollo y mantenimiento de soluciones de software.
El principal ente disciplinario del país, aduciendo el ejercicio de su función preventiva, identificó que la publicación de una adenda el mismo día de cierre del proceso podría vulnerar el principio de economía y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, al no dar tiempo suficiente a los oferentes para ajustar sus propuestas conforme a los cambios.
Así lo aseguró el Ministerio Público mediante el proceso que lleva a cabo a través del delegado de para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de esa entidad, Marcio Melgosa.
“El Ministerio de Salud habría incluido en el proceso la exigencia de la certificación de calidad CMMI como criterio de calificación, en posible contravención de la ley 1150 de 2007, la cual prohíbe exigir tales certificaciones como requisito habilitante en licitaciones. Esta situación, según la Procuraduría, podría limitar la libre concurrencia y objetividad en la selección de los proponentes”, asegura la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado en su página de internet.
Agrega la entidad que ya le ha solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social la posibilidad de “considerar la suspensión temporal del proceso hasta realizar un análisis detallado de las advertencias y publicar este oficio en la plataforma del SECOP II”.
Igualmente, que la oficina del procurador delegado Mario Melgosa ha recomendado “evaluar la revocatoria del acto de apertura del proceso para garantizar la transparencia y cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública”.