Procuraduría presentó nuevo informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz; alerta sobre incumplimiento a reparación de víctimas

A falta de pocos días en que Margarita Cabello concluya su periodo al mando de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público presentó su ‘Sexto informe al Congreso de la República sobre la implementación del Acuerdo de Paz’, el cual abarca sobre los avances que ha tenido en el país este proceso que hace ya ocho años desmovilizó a la antigua guerrilla de las Farc.

Uno de los principales hallazgos del ente de control es que persisten los incumplimientos en las metas de reparación colectiva a víctimas del conflicto armado, así como en la reubicación de población desplazada.

Según el documento, las dificultades para acceder a ofertas de reparación afectan principalmente a comunidades en zonas rurales dispersas.

El informe, compuesto por 980 páginas, evaluó el progreso de los seis puntos del Acuerdo de Paz entre abril de 2023 y marzo de 2024. Destacó que de las 33.007 iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), apenas el 0,5 % están relacionadas con acciones de los Planes de Retorno y Reubicación.

Sobre la formalización de tierras, el órgano de control indicó que, de los siete millones de hectáreas proyectadas, el avance es del 35,8 %.

El informe evidenció rezagos en la reparación de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa afectadas por el conflicto. Advirtió que la información suministrada por las entidades encargadas no refleja con precisión las orientaciones e identidades de género de los beneficiarios.

En materia de reincorporación social y económica, la Procuraduría encontró inestabilidad en los contratos de vivienda de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), debido a problemas administrativos y de seguridad.

En cuanto a las garantías de seguridad, se reportó un aumento en las amenazas, agresiones y asesinatos contra firmantes de paz bajo medidas de protección. Sin embargo, reconoció avances como la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y la incorporación de más mujeres en cuerpos de seguridad.

La Procuraduría señaló que el Plan de Atención Inmediata (PAI) sigue siendo el único componente activo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Esto refleja un enfoque individual, contrario a la transformación integral y colectiva necesaria en las zonas afectadas.

Finalmente, el informe evaluó 451 recomendaciones emitidas en el Quinto Informe, de las cuales el 49 % fueron acogidas totalmente, el 33 % parcialmente y el 18 % no fueron atendidas. Este balance, según el ente de control, subraya la urgencia de un mayor compromiso institucional para garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos y la reparación integral de las víctimas.

*Con información de Colprensa