Procuraduría sancionó a funcionario de la UNP que permitió usar un vehículo oficial para el transporte de drogas

La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por nueve meses a un oficial de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Christian Ernesto Páez, por haber facilitado un vehículo de la entidad que estaba asignado a un protegido, además de haber omitido la entrega de información oportuna sobre esa irregularidad.

En fallo de primera instancia, el Ministerio Público comprobó que Paez incumplió sus responsabilidades al no haber reportado a su superior, que le había entregado a un particular, que no pertenesía a la unidad o al esquema de seguridad, este era una camioneta destinada al servicio de seguridad de un protegido, donde en el interior fue incautado 150 kilos de cocaína en un puesto de control en Caloto, Cauca, de la Policía Nacional.

De acuerdo con la Procuraduría, “el disciplinado desconoció el Manual de Uso, Manejo y Recomendaciones de Medidas de Prevención y Protección de la UNP que establece que, los vehículos de un esquema de protección solo pueden ser conducidos por los funcionarios asignados para la prestación del servicio, y además, tienen el deber de informar de manera oportuna cualquier novedad que se presente”.

“La entrega de un vehículo de la UNP a un particular, a solicitud del beneficiario, no constituye una actividad habitual en el desempeño de las funciones de un hombre de protección. Esto, de hecho, debería haber generado sospecha en el disciplinable, ya que el uso y manejo de dicha camioneta estaban reservados exclusivamente para hombres de protección y escoltas autorizados por la UNP”, añadió la entidad.

De otro lado, a principios de este mes se solicitó la suspensión del proceso de licitación para la adquisición de 170 camionetas blindadas destinadas a la UNP, debido a preocupaciones sobre la idoneidad y experiencia del contratista seleccionado.

El organismo recordó que es su función preventiva evitar que se vulneren los derechos de las personas y se comprometa la correcta gestión pública. En este sentido, la Procuraduría recomendó detener la licitación hasta que se realice un estudio detallado de las observaciones señaladas.

Además, solicitó que se publique la respuesta de la entidad contratante en la plataforma SECOP II, junto con los documentos relacionados con el proceso de selección y la contratación de los responsables de estructurar la licitación.