Propuesta de votar dos objeciones a la JEP no tendría apoyo en el Senado

La disputa política en que se convirtió el trámite de las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no frena y, por el contrario, sigue agitada en el Senado.

En la sesión del martes, el senador Álvaro Uribe propuso buscar un acuerdo con varios partidos para aprobar dos de las seis objeciones, las referentes al tema de la extradición de los implicados en el conflicto, que incluye el que los llamados terceros no sean obligados a contar la verdad, y la que avala al Gobierno a revisar los listados de los beneficiarios incluidos en la desmovilización, lo cual ayudaría a frenar la infiltración de personas que estarían en procesos de extradición.

En tal sentido, la estrategia fue buscar al liberalismo y a Cambio Radical, que son los partidos que estarían inclinando la decisión de hundir o salvar las objeciones.

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Sin embargo, lo dicho por Uribe perdió fuerza de lograrse luego del enfrentamiento verbal que tuvo en la plenaria con el senador Gustavo Petro, en donde al cierre de una intervención le llamó sicario en tres ocasiones, luego de que este dijera que el expresidente antes había apoyado la derogación de la extradición.

El senador de Cambio Radical Germán Varón sostuvo que ese partido se mantiene en la decisión de votar negativamente las objeciones. “Nos sostenemos en la misma votación que habíamos expresado en la Cámara, la cual fue de bancada y no apoyamos las objeciones”, sostuvo.

Indicó que su colectividad revisará el sustento jurídico de la propuesta, pero “en principio no vemos que sean aceptadas y estamos hablando de un tercero que pretende aducir que tiene cercanía con una institución, esto pasa no solamente en la JEP sino en muchas instituciones”.

Por su parte, el senador del Partido de la U Roy Barreras señaló que “hemos visto que el acuerdito que nos propuso el expresidente Uribe no son sino dos ‘bobaditas’: una de ellas, que se le entregue al lapicero del Comisionado de Paz la posibilidad de excluir, a su criterio, a los que quiera de los listados de desmovilizados para acabar con la seguridad de la paz, y, el otro, que objetemos el Artículo 156, que permite que los militares, agentes del Estado y los terceros que financiaron la guerra digan la verdad a las víctimas, al objetar ese artículo podrían meterlos a las cuatro de la madrugada en un avión y extraditarlos y, con ellos, extraditar la verdad. Ese es el verdadero mico”.

Desde el oficialismo, el senador del Centro Democrático John Harold Suárez consideró que aún es posible que el lunes en el Senado sí aprueben estas dos objeciones de las que habla el senador Álvaro Uribe. Insistió en que está latente el riesgo de que los narcotraficantes se puedan colar en esos listados.

Ayer, el Gobierno Nacional aceptó que al menos dos de las seis objeciones ya estarían claras con el fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley Estatutaria de la JEP y que desistiría de dos y apoyaría la petición del jefe del Centro Democrático.

En ese sentido, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que se darán reuniones con los jefes del liberalismo y Cambio Radical.

Un primer acercamiento ya se dio en la noche del martes, cuando la senadora Paloma Valencia (quien planteó las reuniones) habló telefónicamente con el expresidente César Gaviria, quien, al parecer, le manifestó que el liberalismo se ratifica en votar negativamente.

El jefe ‘rojo’ le habría dicho a Valencia, que ella y el Centro Democrático estuvieron durante la votación de la Ley Estatutaria y debieron haber advertido el ‘mico’ de la extradición.

La Cámara de Representantes hace dos semanas votó por mayoría, 110 votos contra 44, el hundimiento de las objeciones que radicó el Presidente.

La JEP recibió de la organización Sisma Mujer dos nuevos informes que documentan 72 casos sobre violencia sexual durante en el conflicto armado en regiones como Bolívar, Antioquía, Nariño, Cauca, entre otras.

A la fecha, la JEP ha recibido 19 informes relacionados con violencia sexual elaborados por organizaciones de víctimas y del Estado.

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda recusó a los magistrados de la Sala Disciplinaria, instancia ante la que el presidente del Senado, Ernesto Macías, interpuso el pasado martes una acción de tutela con la que pretende tumbar la votación que hizo la Cámara de Representantes a las objeciones de la Ley Estatutaria de la JEP.

Cepeda anunció que existe un “interés indirecto” de los magistrados con relación al trámite de la tutela, porque el Senado debe tomar decisión sobre la conformación de la Comisión Nacional Disciplinaria, que es el nuevo órgano que entra a elegir a los magistrados de la Sala Disciplinaria.

En su argumentación sostuvo que los magistrados no son los competentes para conocer de dicha acción de tutela, debido a que “hay disposiciones que dicen que cuando es contra una instancia nacional contra la que se acciona, pues son los jueces de circuito y no los tribunales quienes tienen que tomar decisión”.