¿Quién era Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus? El mayor (r) del Ejército que fue ficha clave para el Clan del Golfo

Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como ‘Zeus’, quien fue abatido este domingo 29 de septiembre, había formado parte del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, pero fue expulsado el 14 de agosto de este año tras comprobarse graves incumplimientos de sus compromisos con el sistema de justicia transicional.

El Mayor (r) del Ejército había sido beneficiado por ese tribunal en 2018 con libertad transitoria condicionada y anticipada en su calidad de compareciente, pero el 10 de abril de 2024, Rodríguez Agudelo fue sorprendido transportando granadas, explosivos, municiones y armas de fuego en una carretera de Norte de Santander, lo que llevó a la Sala de Reconocimiento a decidir su expulsión, considerando que sus acciones contravienen los principios fundamentales del Acuerdo de Paz.

Además, el 21 de abril de 2024, se fugó de la Estación Central de Policía de Cúcuta, junto con otros 15 reclusos, donde estaba detenido por orden judicial, agravando aún más su situación al ser el cabecilla del Bloque Magdalena Medio del ‘Clan del Golfo’ y ser el encargado de organizar la expansión de ese grupo armado en el Oriente y Magdalena Medio de Antioquia.

A inicios de este mes, la Fiscalía ocupó 13 bienes que harían parte del patrimonio del mayor en retiro del Ejército mientras este estaba prófugo de la justicia. Las propiedades, avaluadas en más de $ 11.700 millones, estaban a nombre del exoficial y algunos integrantes de su núcleo familiar.

Las pruebas revelan que habrían sido compradas con dineros provenientes del tráfico de estupefacientes y de armas, entre otras conductas delictivas por las que había sido procesado Rodríguez Agudelo.

Las operaciones se desarrollaron en Bogotá, Yondó (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá), donde las autoridades ocuparon dos fincas ganaderas de más de 500 hectáreas, que superarían el valor de $ 10.400 millones, además del decomiso de tres inmuebles urbanos y ocho vehículos.