Reclutamiento de menores por grupos armados ilegales ha aumentado un 41,6% este año

28 de mayo, 20 de junio, 23 de julio y 26 de agosto. Estas fueron las fechas en las que el personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, alertó sobre la presencia de grupos armados residuales –comúnmente llamados disidentes– que estaban reclutando menores de edad de la región.

Las cartas fueron enviadas a diferentes comandantes del Batallón Energético y Vial No. 19, acantonado en la zona, y al alcalde de la población, Hernán Armando Bravo Molina.

Hubo dos misivas más, fechadas el 2 y el 9 de septiembre. En esta última hace un “urgente llamado” para convocar al equipo de atención inmediata del que hacen parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf; miembros de la Fuerza Pública, el Comandante de Policía de Puerto Rico, el Alcalde, el Secretario de Gobierno Municipal y el Comisario de Familia, para la prevención del reclutamiento de niños y adolescentes.

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Carreño ya no está en el pueblo. Salió huyendo el viernes por cuenta de las amenazas recibidas tras sus denuncias, pero se pregunta qué habría pasado si las autoridades hubiesen actuado antes del bombardeo contra el campamento de alias Gildardo Cucho, en el que fallecieron ocho menores de edad.

A partir de ese ataque, ocurrido en agosto pasado, se inicia una serie de irregularidades que no han sido esclarecidas a profundidad. Dice Carreño que “una vez ocurrió lo del bombardeo, convoqué de manera urgente y extraordinaria al equipo de atención inmediata para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero pasaron ocho días y el Alcalde no la convoca”.

Sin embargo, ante la gravedad de los hechos denunciados, al lugar arribó una comisión de la Defensoría y de la ONU preguntando por la situación, ante lo cual el Mandatario local fue diligente para organizar la reunión en la que Carreño expuso los casos de las tres menores que murieron en el teatro de operaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

El personero sostiene que en esa reunión se pactó que para el 18 de octubre se entregara un informe sobre las acciones que cada entidad había realizado para prevenir el reclutamiento forzado de menores.

“Llegó esa fecha y las únicas personas que hicieron presencia fueron el Comandante de Policía, el Secretario de Gobierno, la Comisaria de Familia, el Secretario de Desarrollo Social y yo, pero como no había quórum, no se celebró esa reunión”, relata el funcionario del Ministerio Público.

Aún no hay explicación del por qué Bienestar Familiar, la entidad llamada a velar por la protección de los infantes en el país, no acudió al encuentro, según consta en el acta que se suscribió tras la fallida convocatoria.

El representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, expresó su preocupación por la seguridad del personero Carreño.

Solo se apresuraron a hablar con Carreño el miércoles pasado, una vez estalló el escándalo tras lo denunciado por el senador Roy Barreras durante el debate de moción de censura contra el ahora exministro de Defensa, Lorenzo Guillermo Botero.

Justo un mes antes, la directora del Icbf, Juliana Pungiluppi, en un evento realizado en el Teatro Patria, había suscrito un convenio con el comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez, “para fortalecer la protección de la niñez”.

Entonces, en su discurso Pungiluppi había enfatizado en que “si bien trabajamos articuladamente con el Ejército Nacional en la prevención del reclutamiento, se hace necesario la participación de todos los sectores para el desarrollo regional y la consolidación territorial”.

Colprensa se comunicó con la dirección de Bienestar Familiar en busca de una respuesta sobre la ausencia de la entidad en la reunión convocada por el Personero de Puerto Rico, pero no fue posible obtenerla.

Brunori también manifestó su confianza en que el Estado colombiano va a conducir las investigaciones sobre el caso de manera “pronta, eficientes e imparciales”, con base en los estándares internacionales para esclarecer lo ocurrido en Caquetá.

El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una problemática latente en varias zonas del país.

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) resalta que este fenómeno presentó un aumento al comparar el primer semestre de este año con el de 2018.

En efecto, según un informe de la entidad, entre enero y junio de este año hubo 33 casos de reclutamiento de menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2018 se documentaron 24 eventos, es decir, se registró un incremento del 41,6 %.

A la par con esas cifras, desde Coalico sostienen que se identificaron 126 eventos entre enfrentamientos, amenazas, hostigamientos y otras acciones bélicas hacia niños, niñas y adolescentes durante los primeros seis meses de este 2019.

Donde se registró el mayor número de eventos de conflicto armado que afectaron menores de edad fueron Antioquia (25), Norte de Santander (19), Chocó (17), Nariño (10), Cauca (9) y Valle del Cauca (8), reseña el documento.

Julia Castellanos, investigadora de Coalico, explica que los métodos más utilizados para convencer a los menores son las amenazas, el pago con dinero o con regalos y el enamoramiento.

Esta situación, a consideración de la experta, se presenta en aquellas zonas del país con baja presencia del Estado.

“Más allá de la presencia de batallones o de soldados, estas zonas no tienen inversión social, hay problemas de infraestructura educativa y de salud. No existe la atención primaria y hay situaciones de vulneración de derechos. Estas condiciones permiten que los actores armados amenacen a los jóvenes con llevarlos o les regalan tenis o dinero a cambio de información. Con las niñas se utiliza más la táctica del enamoramiento para inducirlas a unirse a estos grupos”, detalla Castellanos.

Una de las grandes preocupaciones, según la investigadora, es que no solo niños colombianos están siendo reclutados, sino que también los venezolanos están en un gran riesgo de vivir esta situación.

El personero Carreño recuerda que la Constitución Política es clara en señalar que el cuidado y la protección de niños y adolescentes es responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. “Pero cuando la familia falla y también falla la sociedad, el Estado tiene que entrar a intervenir porque tiene unos compromisos internacionales de garantizarles los derechos”.

Bajo ese panorama, insiste en que debe existir una articulación entre las distintas entidades involucradas en el tema para atender las rutas de prevención tempranas, las urgentes y las de protección para que se apliquen de la manera correcta.

“Eso requiere de la actitud, el interés y la disposición. Yo estoy decepcionado del Icbf, que no le prestó atención a los casos que la Personería le puso en conocimiento. Uno, como representante de la sociedad y del Estado, se siente solo”, concluye.

A lo largo de esta semana, la frase Derecho Internacional Humanitario (DIH) se ha escuchado ligada a todo lo que se ha conocido con respecto a la operación militar ejecutada en la noche del 29 de agosto pasado en la zona rural de Caquetá y la muerte de los ocho menores de edad en medio de ella.

Dentro del complejo universo que abarca el DIH, se habla del principio de distinción, que establece que entre las partes que están en un conflicto armado debe distinguirse entre quiénes son combatientes y quiénes son civiles, para atacar así objetivos legítimos.

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares y actual encargado del Ministerio de Defensa, ha insistido en los últimos días en que ‘Gildardo Cucho’ era un objetivo lícito y ha reiterado en diferentes escenarios que no tenían conocimiento de la presencia de menores de edad en el campamento donde pernoctaba el jefe de esa disidencia.

El profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Lovaina, Elquín Infante, recuerda que en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra se advierte que está prohibido el reclutamiento de personas menores de 15 años.

“Pero Colombia también hace parte de la Convención de los Derechos del Niño, y allí se dice que el país se compromete a no reclutar a personas menores de 18 años. Esto es para el Estado, es decir, para las Fuerzas Militares”, agrega.

Entre tanto, la investigadora Castellanos agrega que “hay que promover medidas preventivas de protección para evitar que los niños sean vinculados a los grupos armados, atendiendo los casos que se reporten de inmediato”.

Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, se precisa que, según el DIH, “debe protegerse a las personas civiles contra ataques directos, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación’. Sin embargo, ni en los Convenios de Ginebra ni en sus Protocolos adicionales se define la conducta que constituye una participación directa en las hostilidades. Por ende, el desafío consiste en proporcionar criterios claros para distinguir no solo entre la población civil y las Fuerzas Armadas sino también entre los civiles pacíficos y los que participan directamente en las hostilidades”.