Reforma tributaria fue aprobada por el Congreso en primer debate

Luego de que el Ministerio de Hacienda radicara la ponencia del proyecto de ley de inversión social, más conocida en el país como reforma tributaria, este miércoles se llevó a cabo el primer debate en el Congreso de la República.

Durante el primer debate se aprobó la ponencia mayoritaria del proyecto de ley de inversión social, que radicó el Ministerio de Hacienda y que firmaron 25 representantes a la Cámara y 16 senadores.

El proyecto pasará a plenarias del Senado y a la Cámara de Representantes, donde empezará a ser discutida en las próximas semanas. El texto cuenta con 55 artículos aprobados y ninguno de ellos fue modificado o estructurado nuevamente.

El senador David Barguil aseguró que, a pesar de que se necesita una reforma estructural, el proyecto de inversión social no lo es, pues esa será la labor del siguiente Gobierno.

“Esta no es una reforma estructural. ¿De qué se trata esta reforma? Requiere el Gobierno, requiere el país, e impulsa el Congreso, la necesidad de recursos para, sobre todo, salir a defender a la población vulnerable”, dijo Barguil.

Afirmó que el proyecto busca que se creen incentivos para la generación de empleo, así como no incluye impuestos que afecten a las familias de ingresos más bajos y de la clase media.

“Yo no puedo entender que aquí, por simple política, uno se oponga a lo que es necesario en la coyuntura actual. El contenido de esta reforma no tiene puntos que nos alejen como partidos, pero bueno, de eso se trata la política”, anotó Barguil.

Se reiteró que los recursos de esta reforma se buscarán a través de medidas como el aumento de la tarifa de renta corporativa a 35 %, con una sobre tasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales, y la lucha contra la evasión de impuestos.

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La primera ponencia en tenerse en consideración fue la del representante Carlos Alberto Carreño, quien solicitó a las comisiones económicas que se archive el proyecto de ley de inversión social. De acuerdo con el representante, la propuesta del Ministerio de Hacienda es regresiva, inequitativa e ineficiente.

“No tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Es, si se quiere, más de lo mismo, es un proyecto sastre, confeccionado en beneficio de los intereses del gran capital”, aseguró.

Anotó que el proyecto no recoge las aspiraciones de los colombianos que salieron a marchar y que refuerza el carácter asistencialista a un año de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales.

Según el representante, la propuesta del Ministerio es regresiva, dado que esta no busca redistribuir el ingreso y que no se tocan impuestos a los mas ricos, como el de las herencias de los más ricos.

En ese sentido, anotó que el proyecto también es inequitativo, porque “el principal recaudo no viene de los grandes capitales, de las grandes fortunas, de los más ricos”.

Además, Carreño aseguró que la propuesta es ineficiente “debido a la debilidad institucional de la Dian para evitar y tener un efectivo control sobre la evasión y la elusión tributaria”.

El representante concluyó asegurando que el país necesita una reforma tributaria estructural. Su propuesta busca un recaudo de 15,9 billones de pesos, a través de medidas como establecer una sobretasa al sector financiero, un impuesto de renta a las zonas francas, un impuesto a los grandes patrimonios, la eliminación de beneficios tributarios y un impuesto a las bebidas azucaradas.

Con 24 votos en contra y dos a favor, la ponencia del representante Carreño fue negada en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

El Polo también pide que se archive

Otra de las ponencias negativas fue la del senador Wilson Arias, quien aseguró que el proyecto de ley de inversión social no es estructural, debido que no toca los ingresos y patrimonios de los más ricos, por lo que también solicitó que se archive.

El senador afirmó que la propuesta de aumentar la tarifa de renta corporativa a 35 % es regresiva, dado que, según él, recae especialmente en las micro y pequeñas empresas. Así mismo, señaló que la propuesta del Ministerio da beneficios tributarios a los paraísos fiscales.

Señaló que la austeridad en el gasto público sería selectiva y profundizaría la crisis. Con 23 votos en contra y dos a favor, se negó la ponencia del senador Arias.

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Por el lado de las ponencias positivas, se hizo la exposición de la propuesta de ponencia que hicieron cuatro congresistas del Partido Verde. Según la representante Catalina Ortiz, se necesita una reforma tributaria, pero no una como la que planteó el Gobierno, que calificó como minimalista, sino una estructural.

Una de las peticiones de esta ponencia alternativa es que se establezca una tarifa diferencial en el impuesto de renta corporativa, con el propósito de no afectar a las micro y pequeñas empresas. “No podemos pensarnos como sociedad como quienes grabamos a las empresas y no a los más ricos”, dijo.

En ese sentido, afirmó que se deben establecer impuestos como el del patrimonio, a los dividendos y a las herencias. Así mismo, propusieron que se establezcan impuestos verdes y saludables

“Necesitamos un sistema tributario en el que las personas con mayores ingresos sean, como personas naturales, las que más contribuyan en el país”, anotó Ortiz.

La última ponencia alternativa la radicaron los congresistas David Ricardo Racero, Aída Avella y Gustavo Bolívar.

En primera instancia, la senadora Aída Avella aseguró que se deben derogar los beneficios tributarios que se establecieron en la reforma de 2019, tales como el descuento del ICA.

Por otro lado, Racero aseguró que la reforma planteada por el Gobierno no es suficiente, equitativa ni progresiva. Mencionó que no se están teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Expertos en beneficios Tributarios.

Así, en línea con el planteamiento de la senadora Avella, aseguró que se deben eliminar algunos de los beneficios tributarios, en línea con una de las recomendaciones de la Comisión.

“Los más ricos de este país no pagan lo que deberían pagar, por los beneficios, los descuentos, por lo que nosotros como Congreso les permitimos, terminan pagando menos de lo que deberían”, dijo Racero.