Reservistas y veteranos de la Fuerza Pública se despachan contra la ‘Paz Total’ de Petro, en una carta abierta al Alto Comisionado

Este lunes, 27 de noviembre, reservistas, veteranos, víctimas y pensionados de la Fuerza Pública, hicieron pública una carta, en la que manifiestan su preocupación por la inseguridad del país y la política de paz, propuesta por el presidente Petro, desde el inicio de su mandato.

Por esta razón, dirigieron el documento tanto al jefe de Estado, como al Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, según ellos, por los gravísimos hechos recientes del ámbito nacional que consideran dan cuenta de serias falencias en los procedimientos de los diálogos que se adelantan en el marco de la iniciativa del gobierno nacional denominada “paz total”.

“Estas falencias han tenido como consecuencia muy serias alteraciones del orden público, dramática desprotección de la población civil en territorios vulnerables, y una grave afectación al cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública”, se lee en el documento.

Asimismo, cuestionaron el desempeño del Gobierno Nacional en las mesas de negociación que se adelantan con los distintos grupos guerrilleros del país, señalando que estos diálogos se ven afectados por la falta de criterios claramente definidos y por la ausencia de líneas rojas que sirven de salvaguardas en temas de la mayor sensibilidad, sobre todo los relacionados con derechos fundamentales, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Así entonces, en la misiva hicieron énfasis en tres puntos que consideran importantes en esta crítica hacia la gestión del presidente Petro en materia de seguridad y protección de la sociedad civil.

El primero de ellos, habla del secuestro como crimen de lesa humanidad, flagelo que preocupa a los exmiembros de la Fuera Pública, por lo que aprovecharon el espacio para citar el reciente caso Manuel Díaz, padre del reconocido futbolista, Luis Díaz, que hace pocas semanas fue secuestrado por el Ejército Nacional de Liberación, ELN.

“A raíz de este desafortunado “incidente” la nación ha venido a enterarse del lamentable resurgimiento de esta práctica criminal y de la existencia de gran cantidad de colombianos cautivos por parte de organizaciones criminales, sin que se sepa número exacto, sin que se tenga información pública sobre su suerte, sin que cuenten con la fortuna de tener por parte del Estado el mismo trato dispensado en un caso de impacto”, precisan en el texto.

Por lo anterior, rechazaron esta forma de hostigamiento que se ha intensificado en los últimos meses en Colombia y aseguraron que nada justifica la comisión de crímenes de lesa humanidad, mucho menos la materialista supuesta necesidad de financiamiento de una organización cualquiera.

En este asunto, también manifiestan que ningún gobierno legítimo puede aceptar “bajo ninguna circunstancia” la práctica del secuestro ni el uso de eufemismos para soslayarla, pues según los miembros de la Fuerza Purpura, esto constituiría un grave incumplimiento de las obligaciones del Estado.

“En relación con crímenes de lesa humanidad, el Gobierno Nacional está en la obligación de establecer frente a las organizaciones con las que negocia una posición clara y firme, de forzosa aceptación, que impida su comisión so pena de cancelación de la negociación”, añaden.

Por otro lado, en la misiva hablan de los mecanismos de monitoreo y verificación, inoperancia y ausencia de la información pública, expresando que se han incrementado notablemente los crímenes de diferentes tipos, muchos de los cuales son atribuidos a organizaciones con las que el Gobierno Nacional adelanta negociaciones.

Esto porque de acuerdo a los reportes de Indepaz, “entre el 3 de octubre y el 3 de noviembre se presentaron 11 acciones cometidas por el ELN, entre las que se encuentran enfrentamientos con otros actores armados, amenazas, enfrentamiento con la Fuerza Pública, secuestro a civiles, retenes ilegales y patrullajes”.

Según los reservistas y veteranos de guerra, la acción de estos mecanismos es poca, pues aseguran que, actualmente, se desconocen las acciones, resultados de gestiones, informes, balances, reportes abiertos a la opinión pública, etc.

“La población está bajo la certeza de que estructuras de las organizaciones con las que se han pactado ceses de fuego continúan delinquiendo de forma grave, incumpliendo lo acordado, y bajo la impresión de que los mecanismos de monitoreo y los garantes están haciendo poco o nada para evitarlo e informar al respecto”, acotan en la misiva.

¿El Gobierno no tiene las mismas impresiones que la población que padece el accionar criminal? ¿El Gobierno no recibe retroalimentaciones de las autoridades de los territorios azotados? ¿Los mecanismos de verificación y los garantes tampoco están sintonizados con los padecimientos de la población? ¿O sí lo están y si están recibiendo la información, pero no informan ni al Gobierno ni a nadie?, son algunas de las cuestiones que plantean en la carta.

Los exmiembros de la Fuerza Pública del país no dejaron pasar otro asunto. Se trata específicamente de las limitaciones al cumplimiento de la misión institucional, en el que hablan de los recientes casos en El Plateado y en Timba Cauca, de asonadas y secuestros de tropas del Ejército Nacional por parte de pobladores civiles coaccionados e instrumentalizados por una organización criminal.

Por esta razón, consideraron que este tipo de situaciones surgen a partir de la indefinición clara y precisa, incluso georefenciada, de zonas de despeje, como ha sido práctica tradicional en estos casos, con resultados satisfactorios. Así como también, del despeje de cascos urbanos largamente sometidos a intenso accionar criminal, sin medidas complementarias ni garantías por parte de la organización criminal.

Además, mencionan que esto ocurre por la falta de previsión e inteligencia y contrainteligencia sobre la presencia de estructuras de guerrillas y/o de guerrilleros de civil (incluso residentes) en cascos urbanos.

“Es necesario que el Gobierno nacional replantee la negociación de estos ceses bilaterales al fuego con los grupos armados organizados, con el fin que se extiendan a ceses de hostilidades con acuerdos, protocolos y procedimientos claros y definidos, con georreferenciación y alcance regional, evitando la instrumentalización de la población civil y que se entregue la seguridad como una franquicia a estos grupos ilegales”, agregaron.

Así entonces, por estas y más razones, en el documento, los reservistas, víctimas y veteranos de guerra, le hacen un llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Petro, para que actúen de “manera rápida” y decidan con contundencia esto, pues según ellos, evitaría que el país no siga “la senda de su fragmentación a senda de su fragmentación, cediendo la gobernanza a la criminalidad y franquiciando la seguridad”.

El documento fue firmado por más de 20 asociaciones que se unieron para manifestar su compromiso con el respeto a la Constitución Política, el sistema democrático, la solidez institucional y el Estado Social de Derecho. Así lo dejaron claro en la misiva.