Riesgo de apagón en Colombia: claves para entender el fenómeno que podría paralizar el país

El Ministro de Minas y Energía propuso la suspensión de sanciones a las compañías que incumplan los pagos de sus contratos de compra de energía en el mercado mayorista, como una medida para garantizar la continuidad a prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica durante el fenómeno de El Niño.

Esto, tras varias semanas de preocupación por un posible “apagón financiero” debido a la difícil situación económica de las comercializadoras de energía que atienden directamente a los usuarios. La preocupación llevó a una carta conjunta de 14 exministros de Minas pidiendo medidas urgentes y a una serie de propuestas desde gremio como Acolgen y Andesco.

En dicho documento exponen que los procesos de sanción (técnicamente de limitación de suministro) se suspenderán durante tres meses pero la medida podría retrasarse. Esto quiere decir que las comercializadoras no tendrán que temer por cortes de energía para sus usuarios si no pueden pagar a tiempo. Eso sí, tendrán que pagar intereses de mora.

Cabe destacar que la medida aplica únicamente para aquellas empresas a las que no se les hayan pagado los saldos de la opción tarifaria, es decir, del hueco de cada 5 billones que quedó en sector por la congelación de tarifas durante la pandemia.

Ministro Camacho responde a cuestionamientos

El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, respondió a la carta que enviaron 14 exministros, en la que exponen posibles riesgos que afronta el sector energético del país.

En la red social X escribió: “La carta publicada por 14 ex ministros es una oportunidad para discutir de manera amplia sobre el modelo energético. Sus preocupaciones sobre el negocio de las empresas no están equilibradas con la preocupación por las altas tarifas que pagan los 50 millones de colombianos, aquí algunas precisiones”.

Según Andrés Camacho, los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo “neoliberal desarrollado en los últimos 30 años”. Considera que gobierno tras gobierno se privatizó el sistema energético dejando al Estado únicamente como regulador. “Este comportamiento ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios, a la gente. Cabe preguntarse, ¿cuál debe ser el papel de lo público y del Estado para corregir las imperfecciones del mercado? No es pagando las quiebras y desequilibrios empresariales, como se hizo con Electricaribe”.

La carta de los exministros de Hacienda y de Minas y Energía enviaron fue firmada por Amylcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Renjifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia.

Estos advirtieron que “17 comercializadores que atienden casi 40% de la demanda comercial del país se encuentran en serias dificultades financieras que podrían contagiar a 19 agentes adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por $827 mil millones”.

Agregaron que esta situación “amenaza la viabilidad del sistema eléctrico actual y tiene su origen en las enormes dificultades para que los nuevos proyectos de generación y transmisión entren en operación a tiempo y permitan reducir los niveles de exposición de la demanda y asegurar la confiabilidad en el suministro; así como en medidas que han afectado de manera grave la liquidez de las empresas como la imposición reciente de barreras para recuperar los más de $5 billones del diferimiento de la tarifa (Opción Tarifaria) que se dio como alivio durante la pandemia”.

También advirtieron por la posibilidad de un Fenómeno de El Niño duro, que podría afectar aumentar la presión a la crisis. “A esta situación hay que sumarle las presiones al alza de los precios de la energía que ya se observan con la llegada del Fenómeno de El Niño, la incertidumbre sobre el suministro de gas para atender la demanda de corto y mediano plazo, y la precariedad en la que se tiene sumidas a instituciones fundamentales para enfrentar coyunturas”.

Ante esto el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo que “a crisis financiera agudizada por la “Opción Tarifaria” impuesta por el gobierno anterior, la están pagando los usuarios y las empresas comercializadoras. Se cargó en los bolsillos de los usuarios una deuda sin previo acuerdo. El congelamiento de tarifas en 2020 acumuló una deuda de 5 billones de pesos, cuyo mayor peso la están pagando los usuarios y las comercializadoras. No fue una buena medida”.