Sancionan a militares en Atlántico por no dar traslado a Emilio Tapia

Continúa la novela del tira y hala para el traslado de Emilio Tapia Aldana, el empresario condenado por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá y ahora procesado por el contrato de Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados que se encuentra en una cárcel en Barranquilla, al Batallón Vergara y Velasco del Ejército Nacional.

Nuevamente, se abrió un capítulo luego de que el Juzgado Segundo Civil de Soledad suspendiera dicha orden de traslado por considerarse imposible de cumplir, ahora el mismo juez que la ordenó desde un principio emitió sanciones a varios militares por no cumplir con la solicitud.

El primero fue el teniente coronel Mauricio Calvo Restrepo, comandante del Batallón Vergara y Velasco, su sanción es de tres días de arresto que deberá cumplir en la Estación de Policía de Malambo y además el pago de 5 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 5.800.000 pesos.

Asimismo fue sancionado el brigadier general Jaime Eduardo Torres, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, pero este, solo con el pago de la misma multa de cinco salarios mínimos mensuales.

De acuerdo con los militares y el juez que habría suspendido la orden de traslado, la medida no se puede llevar a cabo, ya que en el único espacio para reclusos está ocupado por Aida Merlano.

La propuesta mañosa de Tapia

Por ende, el polémico, condenado e investigado contratista Emilio Tapia ha planteado una reparación que nadie entiende, nadie quiere y nadie cree. Tapia, manifestó —a través de su defensa— la intención de entregar el porcentaje de un lote en un exclusivo sector de la ciudad de Santa Marta, pero, ¿con qué fin?-

“Quién le va a creer. Espera entregar un lote que no está a nombre de él. Que supuestamente tiene un porcentaje de ese lote y como reparación. A Emilio Tapia no se le puede confiar. La reparación debe ser en efectivo en las cuestas del Estado, lo demás son meros anuncios”, señalaron fuentes del proceso.

Como si fuera poco, al enredo en la negociación que propone Tapia, las mismas fuentes advierten que el excontratista le apuesta a todo tipo de rebajas, que si bien están consagradas en la misma ley, no dejan de llamar la atención por considerar sus antecedentes.

“Tendrá rebaja por reconocer responsabilidad, por ser imputado como interviniente, si le aceptan la reparación tendrá otro descuento y si demuestra buen comportamiento en su sitio de reclusión, más rebaja de la eventual pena”, advierten quienes anticipan una “jugada” del excontratista para beneficiar su situación judicial.

Así las cosas, por lo menos con Emilio Tapia, el tema parece enredado. Ni acuerdo, ni reparación y sí rebaja de pena. El contratista le va sacando ventaja a la justicia, pues cada día que pasa privado de la libertad y mientras discuten la reparación que ofreció, los descuentos en la futura pena, ya están corriendo.

Mientras el informe del interventor advierte que al menos 1.000 puntos de conectividad fueron instalados por Centros Poblados en distintas partes del país, en cumplimiento del contrato y del anticipo de 70.000 millones de pesos, en el MinTic tienen otro informe que señala un escenario oxidado y olvidado.

El MinTic, en diálogo con SEMANA, advirtió que nada de lo supuestamente instalado, como punto conectividad, está en funcionamiento, mucho menos fue entregado al ministerio, por tanto, ni está en el inventario, ni puede ser asumido como cumplimiento del contrato inicial. “Son antenas o equipos que se están oxidando, que no tienen mantenimiento, que fueron vandalizadas”, señalaron fuentes del Ministerio.

Esos supuestos puntos de conectividad que aparecían en el informe del interventor, llevaron a la Fiscalía a la conclusión de que el monto del peculado, de lo apropiado, no son los 70.000 millones de los titulares, sino 15.000 que quedan luego de entender los gastos del contratista para llevar los equipos a zonas apartadas del país.

El problema que surge ahora es que mientras se discute si los equipos supuestamente instalados se descuentan del monto total del anticipo, los mismos quedaron en el abandono y el Estado ya pagó por ellos. Es ahí donde el MinTic deja constancia de que no pueden ser asumidos como reparación. Insisten que se defraudó en 70.000 millones y ese mismo valor debe reintegrarse.