Sandra Ortiz, salpicada por corrupción en la Ungrd, está recluida en la misma celda que ocupó un exalcalde de Bogotá

El 18 de diciembre de 2024, un juez ordenó la reclusión de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ortiz, quien por razones de seguridad no fue enviada al centro penitenciario El Buen Pastor, de Bogotá, como se había señalado, sino que, según la juez, sería trasladada a una guarnición militar mientras definían un lugar adecuado para su encarcelamiento.

De acuerdo con lo que le informaron fuentes cercanas del proceso a Semana, Ortiz terminó recluida en la estación de Carabineros de la Policía en Bogotá, ocupando la misma celda donde estuvo un exalcalde de Bogotá, condenado por el Carrusel de la Contratación, un caso de corrupción que impactó significativamente al país.

La celda donde ahora permanece Sandra Ortiz fue habitada por Samuel Moreno hasta su fallecimiento en febrero de 2023. El exalcalde de Bogotá cumplía condena por corrupción detrás del Carrusel de Contratación, un esquema que desvió millonarios recursos de obras públicas en la capital del país.

Ortiz, por su parte, enfrenta acusaciones de la Fiscalía que la señalan como pieza clave en un esquema de corrupción dentro de la Ungrd. Según la entidad, habría facilitado la entrega 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, para presuntamente favorecer las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Las gestiones adelantadas por Sandra Ortiz para generar un escenario de confianza previo a la entrega del recurso garantizaban el cumplimiento del acuerdo criminal”, señaló la Fiscalía.

Por ahora, Ortiz permanece, según lo revelado por Semana, en la celda de la estación de Carabineros, mientras el proceso avanza. Sin embargo, su defensa insiste en su inocencia y la posibilidad de colaboración con la justicia podría abrir la puerta a beneficios judiciales en medio de un caso que salpica a altos funcionarios como el exdirector y exsubdirector, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes fueron sancionados con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos.