¿Se acabará la producción de pasaportes en Colombia? Cancillería declara urgencia manifiesta ante esta situación, aquí los detalles

Este jueves 14 de septiembre, el canciller, Álvaro Leyva, anunció que se declarará urgencia manifiesta, para que no se vea afectada la prestación del servicio de pasaportes en el país.

”Mientras se surte el nuevo proceso de contratación, se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, en atención al artículo 42 de la ley 80 de 1993″, pronunció en medio de una audiencia, decisión que tomó luego de que se declarará desierta la licitación de pasaportes por las múltiples dilataciones y escándalos.

Al declararse urgencia manifiesta, lo que quiere decir es que la Cancillería podrá iniciar una contratación directa, sin exigir autorización previa. Además, podrá adelantar la contratación sin la formalidad de un documento escrito, algo así como “escoger a dedo”.

De esta manera, el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, explica: “Que la urgencia manifiesta en el régimen colombiano de la contratación estatal es una excepción legal al deber de selección de contratistas a través del mecanismo de la licitación pública, incorporándolo como una modalidad de contratación directa que obedece a hechos taxativos”.

Igualmente agrega: “La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”.

No obstante, hasta el momento, el canciller Leyva no ha dado el nombre de la empresa que se encargaría de realizar esta contratación, por lo que hay gran preocupación sobre el futuro de la expedición de pasaportes en Colombia.

Thomas Greg & Sons era la única empresa que estaba participando en el proceso, por lo que se advirtió que no existía libre competencia e incluso personajes públicos, como el senador Ariel Ávila, hicieron denuncias ante la posibilidad de favorecimiento.

Luego, la Contraloría General de la República realizó una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el inminente riesgo de “una intermitencia o hasta una parálisis en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.

En su momento, el mayor órgano de control del Estado instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a prevenir la pérdida de recursos públicos, recordando el valor del proceso que alcanzaba los 600.000 millones de pesos.

“Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, decía tal comunicación.

La demanda de Thomas Greg & Sons

Tras la decisión del canciller Álvaro Leyva de declarar desierta la licitación para elaboración de pasaportes, la firma Thomas Greg & Sons anunció que demandará a la Cancillería y reclamará entre 80.000 y 100.000 millones de pesos.

La Unión Temporal Pasaportes 2023, cuyos miembros son el Grupo Thomas Greg & Sons y el Grupo Thales de Francia, se pronunció acerca del proceso.

“Continúan confiando en la primacía de la institucionalidad, en el respeto y apego a la ley de contratación del Estado colombiano, todo lo anterior en beneficio y protección del interés general, los derechos de los ciudadanos y la prestación ininterrumpida del servicio público de expedición de pasaportes”, afirmó el Grupo Thomas Greg y el Grupo Thales de Francia, según Semana.

“El día de hoy (miércoles), a las 4:00 p. m. en audiencia, nos fue notificada la decisión adoptada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de declarar desierto el proceso licitatorio LP001-2023″, narraron.

Así mismo, el Grupo Thomas Greg informó que presentó un recurso de reposición alegando la falta de competencia del canciller. “Respecto de tal decisión, presentamos recurso de reposición haciendo énfasis en la falta de competencia del canciller, en la falsa motivación y en la ilegalidad de la actuación”, informaron los miembros de la unión que buscaban quedarse con la adjudicación del contrato.