Se desata polémica por placas con el nombre del fiscal Francisco Barbosa

En los últimos días, el saliente fiscal general Francisco Barbosa, quien dejará el cargo dentro de una semana, vuelve a estar en medio de la polémica, esta vez por presuntamente haber mandado a instalar “placas ilegales” en fiscalías regionales, al parecer con el fin de exaltar su gestión durante los últimos cuatro años, pese a que la ley prohíbe este tipo de acciones.

Así lo reveló una investigación periodística del portal La Silla Vacía publicada este lunes 5 de febrero, la cual aseguró que la placa que más ha causado controversia en la entrada del edificio de la fiscalía regional de Tunja, en donde presuntamente hubo algunas reformas de la estructura que incluyeron remodelación de baños, y el cambio de vigas que estaban deterioradas, y el texto de la placa destaca que durante su administración se llevaron a cabo dichos arreglos.

“Durante la administración del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, se gestionó y adecuó esta sede”, dice la placa.

Asimismo, el medio mencionado sostiene que en otras cuatro sedes de fiscalías regionales como en La Plata o Pitalito, Huila aparecieron también placas con el nombre del fiscal Barbosa, sin que hubiera ceremonia inaugural y sin visita por parte de él. Por lo tanto, en estas dos sedes las placas indicaban que el jefe del ente acusador puso en funcionamiento la sede, sin embargo, algunos funcionarios que por su seguridad no quisieron dar sus nombres le aseguraron a La Silla Vacía que en realidad lo que sucedió fue un traslado de un edificio a otro, sin que haya sido una inauguración de una sede completamente nueva.

En cuanto a la fiscalía de San José del Guaviare, Guaviare, se informa que el fiscal sí fue personalmente a inaugurar la sede y su correspondiente placa con corte de una cinta. Según la inscripción, gracias a su gestión se construyó el “primer búnker de selva”. No obstante, esta sede de la amazonía colombiana no se planeó durante la administración de Barbosa.

Y es que de acuerdo en el contrato suscrito por la Fiscalía General, la propuesta aprobada para la construcción de la Dirección se hizo en el periodo 2016-2020, cuando el ente acusador fue dirigido por Néstor Humberto Martínez y Fabio Espitia en calidad de interino, ya que el primero renunció en el 2019. Además, todos los estudios previos para poder diseñar y construir la sede se habrían realizado en el 2019, igual que la consecución del terreno donde se levantó.

Propuesta de congresista para que se retiren las placas

El representante a la cámara por el departamento de Santander del partido Alianza Verde, Christian Avendaño, expresó su desacuerdo con la instalación de estas placas, presentó una petición de renuencia dirigida al fiscal para que retire las placas, ya que argumenta que según el decreto 2759 de 1997 y el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 esta práctica está prohibida.

“Demandaremos al Fiscal Francisco Barbosa para que quite todas las placas de las obras públicas y edificios de la Fiscalia que contengan su nombre. El Dinero Público no puede servir para exaltar la vanidad de los servidores públicos”, indicó por medio de una publicación acompañada de la cartade petición en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Y en el texto de la carta agregó diciendo que “En el mismo sentido, atenta con el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 que prohíbe el uso de publicidad oficial o de cualquier otro mecanismo de divulgación para la promoción de servidores públicos que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable”, señaló el congresista. Además, la misma norma señala que los recursos que destinen las entidades públicas para los medios de difusión deben utilizarse unicamente para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, a lo cual, dicha finalidad no se ve con la imposición de placas”.

Por último, cabe destacar que la investigación de La Silla Vacía, no pudo conocer el costo invertido en las placas debido a que no aparecen en la base de datos de la Fiscalía General ni en el Sistema de Gestión de Personal del Estado Colombiano (Sigep).