Supervigilancia y SAE abren procesos contra empresas que otorgaban diplomas de escoltas a criminales

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunciaron procesos para sancionar a las empresas que otorgaban diplomas de escoltas a cabecillas criminales, una red ilegal que fue desarticulada en los últimos días.

Según Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, se busca garantizar la conservación de empleos y asegurar la correcta administración de los bienes vinculados a la ejecución de estas acciones criminales.

“La SAE reafirma su compromiso con la administración transparente y eficiente de los bienes vinculados a actividades ilícitas. Estos activos serán manejados con total apego a la ley, con el objetivo de conservar empleos y orientados a su eventual monetización en beneficio del Estado y la ciudadanía”, afirmó Pérez.

Entretanto, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada confirmó que habrá procesos sancionatorios contra las empresas involucradas en el entramado criminal. De esa manera, la entidad anticipó que tomará las medidas “administrativas correspondientes y ejemplarizantes”.

“Conforme con la directriz del presidente Gustavo Petro, seguimos adelantando acciones contundentes que aportan significativamente a la seguridad del país”, explicó la superintendente de Vigilancia, Yenniffer Parra Moscoso.

Cabe recordar que tres representantes de empresas de seguridad, entre ellos dos exoficiales de la Policía, fueron capturados y judicializados en los primeros días de marzo por su presunta participación en la maniobra que benefició a miembros de redes delictivas como ‘El Caballista’, ‘Terror’ y ‘Pechi Belén’.

Las investigaciones señalan que las empresas implicadas carnetizaban como escoltas a personas con antecedentes judiciales y vínculos con actividades criminales. A través de contratos fraudulentos, les alquilaban armas y otros elementos con aval de entes de control, lo que les permitía evadir a las autoridades.

Los capturados fueron identificados como el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva y el ciudadano Jorge Oswaldo Castaño Galindo.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sin embargo, ninguno de ellos aceptó los cargos.

En los operativos realizados en Bogotá y Barranquilla, las autoridades incautaron seis celulares, tres memorias USB, 3735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, 5 escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.

De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre bienes, avaluados en más de $1.800 millones, presuntamente vinculados a la red ilegal.