Te llamo desde la prisión: así funciona el enorme mercado de celulares en las cárceles del país

Por Santiago Cruz Hoyos - Editor de Crónicas y Reportajes

A la cárcel Villahermosa de Cali la llaman ‘el aeropuerto’. Todas las noches entran drones que descargan mercancía en celdas y patios; desde hamburguesas hasta droga y celulares. El temor de los dragoneantes del Inpec es que entren armamento, lo que hasta el momento no ha sucedido.

— Usan casas cercanas para enviar los drones. Un dron hace hasta 15 viajes por noche. Pareciera que se turnaran, porque aparecen drones a diferentes horas y por distintas zonas de la cárcel, como en un aeropuerto, y sueltan la carga en puntos exactos – dice Hernando Chicaiza, miembro del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, Seup.

A su lado, el dragoneante Héctor Fabio Salas agrega:

— Hemos solicitado lineamientos para saber cómo actuar frente a estos casos, porque estamos limitados. No sabemos qué hacer frente a los drones, tampoco tenemos medios tecnológicos para enfrentarlos. Lo que hemos visto es que son drones de última tecnología que pueden cargar cualquier cosa. Tuvimos la visita de la Policía en la que nos explicaron que hay instrumentos, como una especie de fusil que, al apuntale al dron con un infrarrojo, captura la señal y permite manejarlo, ordenarle que descienda en un punto específico o devolverlo a su origen. Pero para eso necesitamos capacitación e inversión en la compra de esta tecnología.

El mercado de celulares en las cárceles de Colombia es enorme. Camilo Umaña, Viceministro de Política Criminal, recuerda que solo en 2023 se decomisaron cerca de 30 mil celulares en las cárceles del país, además de 55 mil simcards.

En teoría, ninguna persona privada de la libertad puede tener un celular, pero pareciera que no tenerlo es lo extraño. Eso explica el aumento de las llamadas extorsivas desde las cárceles y el accionar de grupos delincuenciales como la banda La Inmaculada del municipio de Tuluá, cuyos líderes, pese a que están en una cárcel, coordinaron atentados y ataques como los de la noche del pasado sábado 10 de febrero, cuando asesinaron a un agente de tránsito y quemaron varios vehículos en el municipio, en represalia por la captura de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, cabecilla y segundo al mando de La Inmaculada.

— El fenómeno de extorsión desde las cárceles comienza a presentarse con la pandemia del Covid. (En enero de 2021 se suspendió la visita de familiares a los privados de la libertad debido al riesgo de contagios). En ese momento estas llamadas extorsivas comienzan a marcar los índices altos en el sistema penitenciario y no han descendido. Hay muchas causas, pero parte de la explicación se debe a que hay mecanismos de control que no han funcionado. Entre ellos, hace diez años comenzó la desactualización de los inhibidores de señal, lo que implica que las llamadas entran y salen desde los centros penitenciarios. Adicionalmente hay un problema de larga duración de temas de corrupción de la guardia penitenciara, lo que permite que haya este mercado ilegal de la telefonía – agrega el Viceministro de política criminal del país.

Un hombre que permaneció un año y tres meses en la cárcel Villahermosa de Cali lo confirma. Los celulares adentro de la cárcel cuestan mucho dinero, dice. Hay privados de la libertad cuyos familiares han vendido motos para financiar un teléfono en la celda.

Por lo regular, agrega, los teléfonos ingresan a las cárceles por correos humanos: visitas conyugales o los guardianes. Aunque la forma más segura – y más costosa – es a través de estos últimos.

Tiene una ‘ventaja’ pagarle a un guardián para que entre un celular: no lo va a decomisar. Por eso hay internos que tienen sus teléfonos a la vista, en las repisas de sus celdas. Y, en caso de que entren guardianes a hacer revisiones, corre la voz: “entran dos, entran tres”, gritan los internos como santo y seña del número de dragoneantes que van a hacer la inspección, lo que da tiempo de esconder lo que tengan que esconder. En una cárcel tan antigua como Villahermosa (1958) donde llegaron a existir túneles, es fácil abrir un agujero en cualquier pared y convertirlo en caleta.

— Yo estuve en otras cárceles de Colombia y entré mi celular con la técnica ‘tapiado’. Uno ubica en su cuerpo, bien cubierto, camuflado, el celular, soportando cualquier medio de seguridad – dice el hombre que salió de Villahermosa.

— ¿En qué parte del cuerpo se esconde el celular? – le pregunto.

— No, hasta allá no le voy a decir. Es ‘reserva del sumario’. Solo le puedo contar que es una manera de entrar el teléfono en el propio cuerpo, pero sin que esté a la vista de nadie y tampoco los sistemas de seguridad de algunas cárceles lo detectan.

El dragoneante Parra, integrante de uno de los sindicatos del Inpec, reconoce que hay corrupción en la guardia. Incluso algunos de sus compañeros en Villahermosa han sido sancionados y destituidos. Pero advierte que no es lo único que explica los miles de teléfonos en las cárceles.

Por ejemplo, las visitas son tan numerosas, que no hay personal suficiente en la guardia para hacer las requisas, comenta el dragoneante Parra. En promedio, por día de visita, ingresan alrededor de 600 personas. La mayoría son mujeres, esposas o parejas de los privados de la libertad. Y apenas se cuenta con dos o tres dragoneantes mujeres para hacer las requisas.

Tampoco cuentan con medios electrónicos como equipos de rayos X, por lo que las requisas se deben hacer manuales en días en los que la tecnología de las telecomunicaciones hace que todo sea cada vez más pequeño. A veces los visitantes a las cárceles camuflan las sim cards en las suelas de los zapatos, o en jabones que parten por la mitad y luego unen, o en una abertura de una caja desechable de almuerzos. También en las partes íntimas.

El hacinamiento, además, no permite que se pueda hacer un control efectivo, continúa el dragoneante Parra. Solo en Villahermosa hay 4.500 privados de la libertad, entre sindicados y condenados, cuando es una cárcel que tiene capacidad para 1200 personas.

— El gobierno nos dice: controlen. Y sí, estamos para eso. Incluso para resocializar. Pero no le podemos garantizar la resocialización a todos. Hay mucha gente en un espacio reducido. Ojalá todos los internos estudiaran y trabajaran. Eso bajaría la tensión. Pero no tenemos la capacidad para tenerlos en otros pensamientos. No se prestan las condiciones de infraestructura y el personal del Inpec es reducido. Por un guardián, cuidamos un patio de 500, 600 internos. Un solo guardián debe salir con los internos a citas médicas, y ni siquiera puede ir al baño porque cómo deja al interno solo. Además, apenas son cuatro funcionarios los que hacen las visitas a quienes tienen casa por cárcel, que son más de 3000 personas. Por eso hay tanta fuga y reincidencia en delitos. Es imposible hacer un buen control en esas condiciones – comenta el dragoneante Parra.

Los celulares y la droga a veces los ingresan los internos que salen de permiso durante 72 horas. Requieren de una requisa minuciosa que no siempre se hace.

Óscar Fuentes fue director del complejo penitenciario de Jamundí. Asegura que bajo su gestión, el ingreso de celulares a la cárcel “tendía a cero”, gracias a diferentes medidas. Una de ellas fue dividir las visitas por cupos: unos el viernes, otros el sábado, otros el domingo. Así bajaba el flujo de visitantes para hacer mejores controles.

— Pero es cierto: se necesita un número altísimo de mujeres guardianas para hacer las requisas a las parejas de los privados de la libertad, y hoy el Inpec no las tiene. Un hombre no puede hacerlo, se mete en un problema. Y se necesitan muy buenos equipos electrónicos, además de caninos. En Jamundí los teníamos. Los caninos no fallan al momento de detectar elementos prohibidos.

Fuentes también prohibió el ingreso de comida a la cárcel, pues era una manera de camuflar con facilidad celulares y droga. Lo que se hacía era que los internos encargaban pollos con anticipación – los vendía un restaurante a las afueras del penal – y la guardia los ingresaba.

En la cárcel de Jamundí también se instalaron en su momento inhibidores de señal que evitaban las salidas y entradas de las llamadas. Al ser una cárcel aislada, es ideal para esta tecnología. Uno de los problema es que, en cárceles rodeadas de barrios, como Villahermosa en Cali, los inhibidores de señal de última tecnología interfieren con la señal de los vecinos. Los inhibidores de señal de Villahermosa no funcionan, por cierto. Están obsoletos.

— La crisis carcelaria es lamentable y hay mucho por hacer. Es hora de que alcaldes y gobernadores asuman su responsabilidad. Los municipios están obligados, por ley, a hacerse cargo de los sindicados, es decir los que no están vencidos en juicio, mientras que los condenados son responsabilidad del Inpec. Y hoy los sindicados son la mayoría. Entonces hay que sacar a bailar a los alcaldes y gobernadores: o construir cárceles, o firmar un convenio con el Inpec para garantizar la seguridad de una persona privada de la libertad y que tenga acceso a un programa de resocialización. Pero hoy las estaciones de policía están hacinadas de sindicados, y sus condiciones son inhumanas. Hay gente que duerme sentada. Les colocan las esposas, que se llaman restricciones, y la persona duerme así, sentada. La resociacilización es una obligación, porque en Colombia no se acepta ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Pero la resocialización es imposible de cumplir con el nivel de hacinamiento que hay – comenta Óscar Fuentes, quien además considera que los exgenerales de la policía y los coroneles pensionados no son los más indicados para dirigir las cárceles de Colombia.

— Ellos no fueron formados para ser directores de cárceles, ni para adelantar programas de resocialización, pero les dan esos cargos como premio de consolación. Mientras el Gobierno Nacional no profesionalice la carrera penitenciaria, seguirán estos problemas. En el Inpec hay muy buenos profesionales, ellos deberían ser los directores de las cárceles.

En 2023, la Defensoría del Pueblo reportó que fueron casi diez mil las víctimas de las llamadas extorsivas realizadas desde los penales.

“Se debe hacer un control de la señal de telefonía”

Camilo Eduardo Umaña Hernández es el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia. Abogado de la Universidad Externado, PhD en Criminología de la Universidad de Ottawa y PhD en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco, Camilo conversó con El País sobre la reciente emergencia carcelaria declarada por el gobierno y las medidas que se adelantan desde el Ministerio de Justicia para prevenir las llamadas extorsivas desde las cárceles.

¿Cuál es el diagnóstico que se hace desde el Ministerio de las llamadas extorsivas desde las cárceles, por qué es tan complicado controlarlas?

El fenómeno de extorsión desde las cárceles comienza a presentarse desde 2020, con la pandemia, y desde entonces no ha descendido. Hay muchas causas, pero parte de la explicación se debe a que hay mecanismos de control que no han funcionado. Entre ellos, hace más o menos 10 años comenzó la desactualización de los inhibidores de señal, lo que implica que las llamadas entran y salen desde los centros penitenciarios.

Adicionalmente hay un problema de larga duración de temas de corrupción de parte de la guardia penitenciara, lo que permite que haya esta especie de mercado ilegal de la telefonía. Y a medida que la tecnología avanza, se hace cada vez más difícil el control de las llamadas. Bien porque los aparatos modernos usan tecnología de mucho más alcance, o bien porque la tecnología cada vez es más fácilmente ‘disfrazable’, más permeable en el sistema. Las sim cards son cada vez más pequeñas.

Entonces el tema de corrupción, más el tema de lo que ocurrió en pandemia, más la desactualización de la tecnología de inhibición, pues ha hecho que haya menos obstáculos para que se presenten estas llamadas extorsivas.

¿Es cierto que hay muy pocos inhibidores en las cárceles del país?

En La Picota hay cerca de 20 inhibidores, es la cárcel más grande del país, pero al mismo tiempo la señal de los operadores de telefonía es fuerte, entonces es cierto que no todas las cárceles tienen la última tecnología de inhibidores, que no todos los inhibidores cubren la tecnología que hoy existe, el 5G, pero no es cierto que no haya sistemas de inhibición y que no se haga control. Lo que sí es cierto es que hay un desbalance latente entre los avances de la tecnología de telecomunicaciones, y los avances de la tecnología de inhibición. Hace una década se comenzó a desactualizar los sistemas de inhibición y los que existen no tienen la tecnología para bloquear ciertos avances de las telecomunicaciones como por ejemplo la banda 5G. Hay bandas que van creciendo y no ha crecido en la misma dirección la tecnología de inhibición.

¿Es posible prohibir de tajo las llamadas desde las cárceles?

Las personas privadas de la libertad no están en aislamiento. Eso implica que tengan derecho a comunicarse con su representante judicial, por ejemplo, y en Colombia la jurisprudencia ha hablado de un derecho a la visita y a la comunicación. En ese sentido no hay ningún derecho ilimitado. El sistema penitenciario sí tiene diferentes formas de control. Si una persona usa las visitas íntimas para ordenar criminalidad, para citar un caso, hay formas disciplinarias para suspender esas visitas por un tiempo. Entonces, si bien según las reglas de derechos humanos, las reglas Nelson Mandela, las personas tienen un derecho a comunicarse, ese derecho no es ilimitado. En lo que hemos insistido es que debe haber una focalización de esos dinamizadores criminales para que las personas no puedan emitir órdenes criminales de ningún tipo, ni por medio de visitas ni por medio de esas llamadas.

¿Qué medidas se van a tomar?

Se debe hacer un control tecnológico, que involucra la señal. Porque perseguir teléfono a teléfono es una cadena que no tiene mayor éxito. Hay que perseguir es la señal y las terminales. Lo que estamos buscando con los operadores de telefonía es llegar a un acuerdo para que pueda haber un sistema de bloqueo de esas señales desde los operadores, y estamos buscando mejorar y actualizar la tecnología de algunos de los inhibidores. Estamos revisando la frecuencia o la intensidad de las señales en estos centros penitenciarios, para regularlas, de forma que los inhibidores que existen tengan la suficiencia tecnológica para significar un obstáculo para esas llamadas.

¿Hay medidas puntuales en la cárcel de Tuluá, desde donde La Inmaculada ordena acciones criminales?

Hemos destinado los recursos en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Inpec para que haya la aplicación de lo que hemos llamado el Plan Dominó, un plan conjunto con el Gaula, en el que se hacen operativos semanales para hacer el control de las personas privadas de la libertad. Parte de lo que explica esta ola de violencia en Tuluá está muy ligado a lo que se está haciendo con los operativos para ir golpeando a estas bandas criminales, entonces hay una especie de latigazo de estos resultados, y esa es una de las razones por las que se declaró la emergencia carcelaria.

¿A futuro, la declaratoria de emergencia servirá para conjurar tantas problemáticas de las cárceles del país?

Las emergencias carcelarias están diseñadas para responder a una situación inminente. No están diseñadas para generar políticas públicas de largo aliento. Sin embargo, en esta oportunidad, todos los temas de seguridad del sistema penitenciario, de reforzamiento de las condiciones de seguridad, nos van a dejar unas líneas de acción y unos proyectos que van a permitir ser sostenibles en el tiempo, como el acuerdo con los operadores de telefonía para impedir las llamadas o la posibilidad de mejorar e incrementar los esquemas de inhibición, y desarticular esta criminalidad organizada que opera en el sistema. Esas medidas de urgencia permitirán generar una proyección que, creo, pueden garantizar unas mejores condiciones para el sistema penitenciario.

Sindicatos del Inpec piden atención del Estado

Los diversos sindicatos del Inpec, en medio de la emergencia carcelaria decretada por el gobierno, exigen atención por parte del Estado. Aseguran que tras la declaratoria de emergencia carcelaria, hay tensión en las cárceles por parte de los privados de la libertad, pues tienen temor de traslados masivos o cancelaciones de las visitas de sus familiares.

“Además, persiste la violencia contra la guardia y el personal administrativo del Inpec. Por eso nos hemos unido para exigir condiciones de seguridad y mejores condiciones laborales”, comentó el dragoneante Villaquirán, de la cárcel Villahermosa de Cali.

En los centros penitenciarios están llegando panfletos con amenazas de un grupo que se hace llamar Mago: Muerte a Guardianes Opresores. Detrás, se sospecha, estaría la banda La Inmaculada de Tuluá

“Tenemos muchos problemas, el Estado nos ha tenido en abandono. Somos una de las instituciones públicas más abandonadas en recursos, personal, elementos de trabajo. La emergencia carcelaria se enfoca más en los privados de la libertad que en los guardianes del Inpec. La violencia contra nosotros es recurrente e histórica. En Cali hace dos años mataron a tres compañeros en dos meses y no pasó nada. Entonces sentimos el abandono por parte del Estado”, continúa el dragoneante Villaquirán.

Los sindicatos del Inpec aseguran que los panfletos no solo llegan a las cárceles. También hay dragoneantes a los que les llega a la casa. “De una amenaza, la situación pasó a un plan pistola contra nosotros. Los dragoneantes asesinados en Cúcuta (Carlos Andrés Sandoval Ortiz) y Cartagena (Jesús Daniel Cárdenas ) recientemente lo demuestran”, agrega el dragoneante Héctor Fabio Salas.

Entre las peticiones de los sindicatos de los gauardianes del Inpec está la pensión: que se puedan pensionar por lo menos después de 25 años de servicio. También un seguro de vida, pues consideran que su labor es de alto riesgo.

Liliana del Socorro López, integrante del sindicato del personal administrativo del Inpec, comenta también que el personal de oficina, aunque no siempre tiene contacto directo con las personas privadas de la libertad, está en alto riesgo.

“Nuestras condiciones son precarias. No tenemos igualdad con los compañeros de la guardia. Por eso solicitamos mejores salarios y que se considere la prima de riesgos, como la prima de unión familiar. Los compañeros de la guarida tienen beneficios que nosotros no tenemos, y repito, estamos en riesgo. Una compañera sufrió un atentado y debió ser trasladada. Saliendo de Villahermosa le hicieron tres disparos. Se llama Eleonora González. Y al interior de la cárcel hemos sido víctimas de secuestros. Igualmente padecemos de sobrecarga laboral”, asegura Liliana.