Thomas Greg & Sons le pidió al canciller Murillo dar luz verde al presupuesto contractual de los pasaportes

Previo al anuncio del canciller Luis Gilberto Murillo, en donde manifestó que la empresa Thomas Greg & Sons, no se quedaría con el multimillonario contrato de la producción de pasaportes en el país, la compañía anunció que de ser así habría repercusiones legales.

Thomas Greg argumentan que la licitación no se puede declarar desierta luego de que fuera adjudicada por el exsecretario general José Antonio Salazar el 22 de febrero pasado.

“Respetado señor canciller, Ana María Gómez, obrando como representante legal de la UT Pasaportes 2023, en ejercicio del derecho de petición, teniendo en cuenta que se encuentra en firme y gozan de presunción de legalidad los actos administrativos referenciados en el asunto, y vencido el plazo señalado en el pliego de condiciones para la suscripción del contrato, sin que a la fecha el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores hubiere hecho manifestación alguna”, dice el comunicado de la compañía.

De igual manera, exigió que se realicen los movimientos del presupuesto para dar marcha al contrato.

“Efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato, los cuales son perfectamente válidos y posibles a la luz de la normatividad vigente y de los recursos disponibles y proceder a adoptar las medidas necesarias para la formalización del contrato derivado de los actos, esto es, proceder con la suscripción del contrato en la plataforma Secop II”, enfatiza el documento.

Es importante tener en cuenta que el 5 de marzo, el canciller Murillo, indicó que “este es un proceso que hay que revisarlo. No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”.

Frente a esto, la empresa aseguró que “no es cierto que los mencionados actos administrativos se encuentren viciados y, por el contrario, ellos se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico, fueron expedidos por el funcionario competente siguiendo los procedimientos legales pertinentes, están debidamente motivados y persiguen garantizar el interés general y los derechos fundamentales de los colombianos”.

Por último, aseguraron que habría medidas legales por perjuicios si no se lleva a cabo la ejecución del contrato.

“Se indiquen con precisión las razones de la ilegalidad a efectos de que la UT evalúe la pertinencia de eventualmente dar autorización previa a una revocación, sin que ello implique renuncia alguna a la reclamación de los perjuicios derivados de la actuación que ha realizado el Fondo en el marco de la Licitación Pública LP-01-2023″.