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Los ocho periodistas amenazados en Valledupar han realizado reportajes y notas sobre las víctimas y la restitución de tierras en esa zona de Colombia.

AMENAZAS

Tres personas fueron condenadas por amenazas a periodistas y líderes sociales

Los acusados pagaran penas de entre tres y cinco años de prisión.

3 de septiembre de 2019 Por: Agencia EFE

La justicia colombiana condenó a penas de entre tres y cinco años a tres personas que amenazaron a periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y defensores de derechos humanos, informó este martes la Fiscalía.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar (norte) condenó a John René Gélvez, alias Orbitel, a casi cinco años de prisión por amenazar al periodista Jorge Eduardo Espinosa, hoy miembro de Caracol Radio, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Según el ente acusador, Gélvez "aceptó que desde prisión realizó una llamada amenazante contra el periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada" que en ese entonces trabajaba en RCN Radio.

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Igualmente, el Juzgado Segundo Penal del circuito de la población de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda (centro), condenó a tres años de prisión a Francisco Javier Andica Acevedo por "el delito de amenazas".

La Fiscalía probó que Andica envió "mensajes intimidantes a través de Twitter en contra del caricaturista Julio César González, la periodista Vanessa de la Torre y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De otro lado, por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 19 penal de Bogotá condenó a Ivanhovich Jiménez Bastidas a tres años de cárcel por ser el autor de panfletos amenazantes contra miembros de la ONG Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Jiménez, que aceptó cargos por los delitos de "fraude procesal y amenazas agravadas", también intimidó a nueve integrantes de la junta directiva del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP).

Inicialmente, las amenazas habían sido atribuidas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Estos resultados, asegura la Fiscalía, responden a la estrategia de priorización para la investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos implementada desde hace un año y que ha arrojado tres condenas y nueve acusaciones.

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