Tribunal de Cundinamarca ordena al MinSalud e Invima adoptar plan de urgencia para solucionar escasez de medicamentos en el país

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les ordenó al Ministerio de Salud y al Invima tomar cartas urgentes frente a la crisis de escasez de medicamentos a nivel nacional. El fallo pretende darles celeridad a los más de 27.000 trámites de registro sanitario por parte de laboratorios médicos.

Según dice el fallo, firmado por el magistrado Luis Manuel Lasso, a través de una fuerte advertencia sobre esta crisis de desabastecimiento, si no se toman las medidas necesarias a tiempo, en un futuro próximo se presentará un punto de no retorno que podría afectar la calidad de vida de los colombianos.

“Puede acarrear el desenlace fatal en muchos casos o el deterioro significativo de la calidad de vida de los sobrevivientes, con secuelas permanentes sobre su existencia, en muchos casos”, se lee en el documento de 27 páginas en total.

De igual forma, el alto tribunal aseguró que “el impacto de la escasez de medicamentos es significativo con respecto al interés público representado en el volumen de afiliados, lo que demanda el amparo judicial urgente, en particular de los derechos colectivos de acceso al servicio de seguridad social en salud, a la infraestructura en salubridad pública y los de los usuarios y consumidores”.

El pronunciamiento del Tribunal se hizo luego de resolver una demanda que presentó la Procuraduría General en la que se puso en manifiesto la “grave situación” sobre la falta de medicamentos que son considerados esenciales. Según el Ministerio Público, esta situación significa una “alarmante situación insoluta” que afecta directamente a millones de personas en el país.

Luego de evaluar a fondo la situación, a través de una serie de documentos y testimonios al respecto, el Tribunal expuso el grave panorama y las afectaciones que se puedan presentar para la calidad de vida de los ciudadanos y la violación de sus derechos fundamentales si persiste el desabastecimiento.

En ese sentido, se ordenó la implementación de un plan efectivo de urgencia que permita asegurar la disponibilidad de los medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud “y de los demás principios activos que presentan una oferta insuficiente frente a las necesidades de la población”.

Así mismo, aseguraron que se deberá dar prioridad al trámite y la resolución de las 27.904 solicitudes que por el momento aún existen sobre el registro de medicamentos que están en poder del Invima y que están pendientes. Todo esto con el objetivo de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales para la distribución de estos productos.

En esta situación, se ha identificado un gran “pero” puesto que el Invima no cuenta con un director en propiedad, lo cual dificulta los trámites. “El Ministerio de Salud y Protección Social profirió el Decreto 1965 de 2023, por medio del cual se designó al señor Juan Carlos Arias Escobar como Director Encargado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, tercer director que se ha nombrado durante el gobierno actual”, advierte la decisión del Tribunal.

Vale recordar que esta decisión surge poco después de que la cadena de droguerías y farmacias, Cruz Verde, anunciara que después del próximo 15 de noviembre, detendrá el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no estén incluidas en el Plan Básico de Salud afiliados a la EPS Sanitas.

Desde la empresa aseguraron que ya notificaron a la EPS, la cual estará a cargo de determinar las acciones que considere pertinentes para dar continuidad al acceso de medicamentos de forma efectiva a sus afiliados a través de otros actores.

“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento. Cruz Verde no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago, y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”, asegura el comunicado, donde se señala que Sanitas le adeuda una suma de 400 mil millones de pesos por concepto de distribución de medicamentos.