Un 'escudo' por la vida, el llamado por la integridad de los líderes sociales en el país

La Arquidiócesis de Cali, en cabeza de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, está convocando a construir un “escudo” por la vida en defensa de los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y activistas de paz, así como de los excombatientes de las antiguas Farc.

Dice Monseñor que "cuando mentes perversas declaran la muerte a excombatientes de la subversión o personas con liderazgo por derechos y paz en los territorios, una Nación digna e indignada tendrá que ponerse en pie para algo más que desfilar, resignada y calladamente, hacia los cementerios”. 
Tiene toda la razón. ¡Este desangre tiene que terminar.

Por el Acuerdo de Paz con las Farc, miles de combatientes y armas salieron de la violencia, con lo cual nos hemos evitado muchas muertes, dolor y destrucción. Eso no es poca cosa, aún en medio o a pesar de las críticas (unas válidas pero muchas otras no) al proceso de paz.

Pero se suponía que por cuenta de ese acuerdo, en el llamado posconflicto, muchas contradicciones (sociales, ambientales, comunitarias, políticas) que antes el conflicto armado ocultaba o pervertía, ahora iban a poder ser abocadas y tramitadas de una forma pacífica. Sin embargo, la realidad es dolorosa y trágicamente distinta.

Las cifras son abrumadoras: baste decir que desde enero de 2016, 470 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados y que desde que se firmó el acuerdo de paz con las antigua guerrilla de las Farc, han sido asesinados 140 de sus miembros, incluyendo a un reconocido líder de ese grupo, Jorge Enrique Corredor, muerto recientemente en Tuluá.

Casi que a diario un líder social o comunitario, hombre, mujer o en otros casos representantes de comunidades de diversidad sexual, es amenazado o asesinado en Colombia. Y para cualquier democracia, por precaria que sea, esta es una situación no solo alarmante sino vergonzosa.

Sería ir muy lejos señalar que se trata de un plan de exterminio promovido por el propio Estado, como también injusto decir que el gobierno ha sido indiferente o que no ha hecho nada.

Un gran número de recursos de distinto tipo están siendo destinados hoy a la prevención y atención de las amenazas, así como a las tareas de investigación y judicialización de los responsables. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad del Estado encargada para asuntos de protección llegaron, entre enero y abril de 2019; 1672 solicitudes; 3800 escoltas cuidan de la vida de cerca de 5000 líderes sociales y de los casos de homicidio que tiene registrada la Fiscalía General se ha logrado el esclarecimiento de 230, incluyendo 252 capturas.

Y otras medidas han sido dispuestas como la creación de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales; el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas y la operación de rutas de protección colectiva para comunidades específicas.

No ha faltado pues una respuesta oficial, pero la pregunta es: ¿por qué entonces siguen matando a los líderes? Hay realidades locales y regionales de conflictividad en territorios a donde en el llamado posconflicto el Estado aun no llega y las dinámicas de ilegalidad se han recrudecido. Pero hay también un clima de descalificaciones, estigmatizaciones y sospechas que de alguna forma incita a la violencia contra estos liderazgos.

Al final, la medida de éxito de una política realmente eficaz de protección a la vida y la integridad de los líderes no son el número de escoltas y carros blindados que se asignen. Se necesita para ellos, tanto de palabra como con hechos, reconocimiento, respeto y garantías a su labor como algo vital y necesario para la democracia.

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