Valle del Cauca, entre los departamentos que deben priorizar atención a víctimas del desplazamiento forzado

El Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas evidenció que en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Antioquia se presentan las mayores necesidades para garantizar la atención de las víctimas del desplazamiento forzado.

En el documento presentado por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se alertó sobre los rezagos en el cumplimiento del instrumento legal. A su vez, hizo alusión a la persistencia de diferentes dinámicas del conflicto armado que requieren de medidas focalizadas para ser solucionadas.

De igual manera se insistió en la necesidad de priorizar estos departamentos por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas para garantizar la atención y ayuda humanitaria.

“Los Centros Regionales de Atención a Víctimas enfrentan dificultades en la construcción y mantenimiento, una responsabilidad que recae en las alcaldías y gobernaciones con la coordinación y articulación de la UARIV, sin embargo, preocupa a la Comisión que persiste el deterioro de muchas instalaciones”, dice el documento.

Retrasos en la distribución de tierras

En cuanto a la distribución de tierras, el Informe de la Comisión menciona que existe una demora, en promedio, de dos años para inscribirse ante el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Mientras que en la etapa judicial, a cargo de jueces especializados en esta área existe un retraso considerable.

A su vez, también se han generado dificultades en la implementación de la política pública de retornos y reubicaciones, debido a temas de seguridad y disponibilidad de recursos. La ejecución lenta ha impedido materializar avances sostenibles en el tiempo.

Cabe resaltar que el documento señala diferentes avances en la elección e instalación de las Mesas Departamentales de Participación Efectiva de Víctimas, no obstante, han surgido diferentes obstáculos en la participación ciudadana por la falta de presupuesto para el funcionamiento de los entes territoriales.