Varios elegidos en 2019 cambiaron apoyos por contratos, según una investigación de Transparencia por Colombia

Una investigación que analiza la relación entre la contratación de bienes y servicios y los financiadores de campañas políticas, dio como resultado que al menos 5.3 billones de pesos habrían sido destinados por los elegidos en 2019 para beneficiar a quienes los apoyaron durante las campañas políticas de ese año, según la ONG Transparencia por Colombia.

La institución, en el Segundo Informe de Elecciones y Contratos de 2019, reveló que el 25,5% (2.518) de los 9.857 financiadores de las campañas políticas de 2019, celebraron contratos con el Estado luego de la posesión de los mandatarios electos en todo el país, “El valor total de los contratos celebrados con estos 2.158 financiadores de campañas asciende a 5.3 billones de pesos divididos en 19.026 contratos. Es decir, que, en promedio, cada uno de estos financiadores celebró aproximadamente 9 contratos con el Estado”, asegura Transparencia.

Igualmente, el estudio revela que “el 85% de la contratación con estos financiadores se hizo mediante modalidades simplificadas: Contratación Directa (39,4%), Régimen Especial (32,3%) y Selección Abreviada (14%). y solo el 9,5% de los contratos fueron adjudicados por licitación”.

Según la ley 1474, “las personas que realicen aportes mayores al 2% del tope establecido para las campañas de Alcaldía, Gobernación, Congreso y Presidencia quedarán inhabilitadas para celebrar contratos públicos con todas las entidades del mismo nivel de gobierno en el que se realiza el aporte. Esta inhabilidad cobija a los parientes cercanos del financiador, así como a las empresas jurídicas en las que este participa o ejerce un control”.

Sin embargo, y según la ONG, hay casos en los que habría inhabilidades; El primer caso que fue sancionado fue el del “ex Gobernador de Vichada, Jorge Eliecer Forero Gaitán, quien firmó contrato directo en el marco de la pandemia por valor a los 1.700 millones de pesos con un financiador de su campaña cuyo aporte superó el 2% del tope”, dice.

Agrega que “el ex alcalde del municipio de Cantagallo, Bolívar, Francisco Javier Bolívar, quien celebró contratos por valor de 1.300 millones de pesos con un financiador que aportó 20 millones (17% de tope) a su campaña”.

Más allá de los casos específicos, el estudio revela que uno de cada cuatro financiadores de campañas, de quienes fueron elegidos en 2019, obtuvo contratos luego de la elección de la persona que ayudaron a elegir. “Aunque no es una práctica ilegal, esto puede derivar en conflictos de interés y captura de recursos públicos”, indica la institución.

“Desde Transparencia por Colombia se hace un llamado a las autoridades territoriales recientemente elegidas para que adelanten de manera proactiva procesos de control interno en las alcaldías y gobernaciones que permitan identificar potenciales conflictos de interés e inhabilidades en la contratación con financiadores de campaña”, indica la ONG.

Por último, Sandra Martínez, directora Programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, afirmó que “es esencial que las nuevas autoridades territoriales aborden medidas concretas que permitan fortalecer la gestión pública, particularmente a través de acciones que propendan por procesos de contratación que no se vean afectados por la incidencia de intereses particulares”.