Venden “planes VIP” para migrar desde San Andrés: dura alerta de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre la grave crisis humanitaria que enfrenta San Andrés como consecuencia de la migración ilegal. Entre 2022 y 2023 han sido rescatados en altamar al menos 977 migrantes que se dirigían hacia costas nicaragüenses.

La procuradora Margarita Cabello Blanco presentó un informe sobre el preocupante panorama, pues esta población ha sido víctima de robos, extorsiones, engaños, minas antipersonal y otros actos por parte de grupos ilegales que les ofrecen rutas para llegar a Centroamérica.

De acuerdo con la cabeza de este ente de control, al parecer, ya existen empresas legalmente constituidas que ofrecen paquetes turísticos a la población migrante. “Evidenciamos que el costo de la ruta entre San Andrés y Centroamérica oscila entre 1.500 y 5.000 dólares”, destacó la funcionaria.

Esta situación humanitaria golpea a la población migrante que proviene de países como Venezuela, Haití, Uzbekistán, Ecuador, China, Vietnam, Bangladés, Bielorrusia y Bosnia. Además de las precarias condiciones de seguridad en que son trasladados, la Procuraduría denuncia que los migrantes han sido víctimas de engaños por parte de las mafias que manejan este lucrativo negocio.

En el documento se plasman las 28 situaciones de riesgo encontradas tras las visitas de verificación realizadas por la Procuraduría a la isla durante el primer semestre de este año. Además, el Ministerio Público pide la urgente intervención de las autoridades a nivel territorial y nacional.

El documento plantea 30 recomendaciones dirigidas a 13 entidades entre las que se encuentran la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el de Ambiente, a la Superintendencia de Transporte, a la Fiscalía, a la Aeronáutica Civil, a Bienestar Familiar, a la Defensoría, a la Policía y a la Gobernación de San Andrés.

La Procuraduría asegura que todas estas problemáticas que pasan por una “total inacción del Gobierno Nacional y de las autoridades del territorio, frente al control de la migración irregular”. En sus visitas, el organismo de control evidenció que no hay planes de acción en ninguno de los puntos de la isla con mayores flujos de migración, situación similar a la documentada en el Tapón del Darién y en Norte de Santander, donde se cerró el Cast Los Patios, que atendía a migrantes.

Según el informe, son tres las zonas riesgosas para los migrantes: el Tapón del Darién, el paso fronterizo entre Cúcuta y Venezuela, y San Andrés. El Tapón del Darién, por un lado, se ha convertido en un paso riesgoso por los peligros de adentrarse en la selva. Mientras tanto, muchos migrantes estarían pagando los llamados paquetes turísticos VIP en San Andrés, convencidos de que van a obtener muchos beneficios.

Desde hace meses, la Procuraduría ha advertido que muchas violaciones a derechos humanos en Colombia tienen relación con los migrantes que cruzan el Tapón del Darién y el archipiélago de San Andrés, con destino final a los Estados Unidos. Los registros de Migración Colombia indican que entre 2022 y 2023, al menos 380.539 migrantes cruzaron la frontera hacia Panamá, el 20 % de ellos eran menores de edad.

Esta crisis migratoria es catalogada como uno de los problemas más graves de violación de derechos humanos en Colombia. “Desde la Procuraduría instamos a todas las autoridades para que realicen acciones inmediatas. Estamos ante una crisis migratoria en el tapón del Darién. Lo venimos alertando desde enero. Vemos aumentos en el flujo migratorio de hasta 2.000 y 3.000 personas diariamente y no hay, o si existe es muy baja, presencia institucional”, indicó Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos.