Viaje por el andén del Pacífico: amenazas han desplazado a los maestros de Iscuandé

Alfredo Oliveros Montaño tiene 61 años, es iscuandereño y coordinador de la institución educativa politécnica Santa Bárbara de Iscuandé. Ama ser docente y aunque no lo dice con sus propias palabras es fácil deducirlo cuando empieza a llorar porque varios profesores han abandonado su escuela sin terminar el año.

“Hoy (noviembre 8), faltando dos meses para terminar un año de clases, nos retiran una docente que venía atendiendo el grado cuarto de primaria, la trasladan a otro lugar porque ella se declara amenazada, pero no la reemplazan. Yo me pregunto qué va a pasar con todos esos niños que ya transitaron un año escolar y van a perder por falta de profesor”, dice Oliveros, mientras se seca las lágrimas y le pide a la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo Nacional, que visitó Iscuandé el pasado 8 de noviembre, que interceda para que no se vulnere el derecho a la educación de este pueblo nariñense.

En Santa Bárbara de Iscuandé habitan cerca de 15.000 personas, y su institución educativa atiende a 1300 estudiantes, que deben repartirse en dos jornadas para recibir clases. La educación la imparten 47 docentes, pero les faltan 7, que en su mayoría se han ido por amenazas, inclusive a principios de año se realizó un paro por la situación. Sin embargo, Oliveros asegura que aún no se ha podido verificar la veracidad de las amenazas.

“Aquí siempre se ha violado el derecho a la educación, siempre nos dejan de últimos cuando deberíamos ser tratados con igualdad”, afirma el estudiante Sherman Caicedo.

El coordinador de la escuela solo pide que sus voces lleguen hasta el Gobierno Nacional para que les den solución: “En esta zona donde nos encontramos, que para el país no es oculto, donde ha habido tanta violencia causada por actores externos, si los niños no estudian los grupos armados los van a reclutar, si no tienen cómo capacitarse, pues van a tener que coger cualquier destino”, añade Oliveros.

Y el temor de este docente iscuandereño tiene toda validez, pues aunque la firma de paz con las Farc trajo un poco de tranquilidad, la presencia de grupos armados sigue generando incertidumbre en este territorio.

“La gente vive bien, pero asustadita. En tres meses han matado tres muchachos, dos en la cabecera municipal y otro en un corregimiento, es gente trabajadora, que trabaja en la minería, no se sabe por qué ni qué grupo los mató”, dice un habitante del municipio y añade que en Iscuandé siempre han existido las Farc (hoy, a través de disidencias), los paramilitares “y últimamente han hecho presencia los ‘elenos’ (guerrilleros del ELN)”.

Al respecto, Simón Estupiñán, secretario de Gobierno de Iscuandé, advierte que el conflicto armado en los pueblos del pacífico nariñense sigue “viviente” y es necesario que se intensifique el pie de fuerza para contrarrestar cualquier situación adversa que se pueda registrar.

En el 2005 Iscuandé fue víctima de un ataque guerrillero que dejó 16 muertos y cerca de 25 heridos. Las Farc y el ELN se tomaron la base de infantería marina del municipio.

“Hoy podemos decir que tenemos paz, entre comillas, en comparación con el Charco, Satinga y Tumaco, pero no quiere decir que estamos exentos de cualquier problema, nosotros decimos que esto es un león dormido, sabemos que está dormido pero es león. Arriba (en el río) hay presencia de grupos armados, la última información que tenemos es que hay un grupo armado no identificado y eso nos mantiene alerta”, señala Estupiñán.

El funcionario añade que hoy solo cuentan con cerca de 15 miembros de la fuerza pública: “Sabemos que en Cali, Bogotá, y en cualquier parte hay mucha policía y hay muertos, es cierto, pero para nosotros es de gran alivio tener un pie de fuerza para poder dormir tranquilos”, precisa Estupiñán.

La minería y la pesca son dos de las actividades que mueven la economía en Iscuandé. A lo largo de la costa iscuandereña más de 12 pueblos se dedican a la pesca.

Al igual que la mayoría de los municipios apartados del Andén Pacífico, en Iscuandé la comunidad vive en medio de pobreza y abandono; las carencias en infraestructura, educación, movilidad y salud, entre otras necesidades, saltan a la vista recorriendo las estrechas calles de su población, donde la mayoría de viviendas son de madera y para acceder a estas se deben atravesar saltaderos (caminos en madera), que ya piden cambio.

“El Estado debe llegar con una oferta real para que los ciudadanos prefieran la legalidad como camino a la paz”, concluye el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, luego de recoger los clamores de esas poblaciones ancladas en el apartado y olvidado pacífico colombiano.

Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo Nacional, entregó un balance luego de los seis días de misión humanitaria por municipios del Andén Pacífico:

¿Qué se encontró durante el recorrido?
Encontramos gente muy buena, que quiere trabajar, pero también encontramos que la gente en el Pacífico está aterrada, preocupada y angustiada porque no tiene la movilidad que pudiesen. La fuerza pública hace un esfuerzo grandísimo para que las personas tengan las condiciones mínimas de vida, pero los bandidos se mueven en grupos muy pequeños y esto dificulta el control. Como sociedad debemos darles la mano, no solamente en temas de seguridad, sino en inversión social.

¿Qué está generando la violencia en estas zonas?
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La falta de empleo, de educación... Lo otro, son las dos economías ilegales que tanto hemos comentado: la hoja de la coca y la minería.

¿A cargo de quién están las economías ilegales que menciona?
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Según nuestros informes de monitoreo hay varias estructuras: las disidencias del frente 29 y 30 de las Farc, el ELN, así como también el cartel de Sinaloa que está comprando toda la hoja de coca y el producto que se deriva de esta; respecto a la minería ilegal, no tenemos datos precisos, pero nos imaginamos que es el mismo actor ilegal el que compra el oro en todo este andén del Cauca, Valle, Chocó y Nariño.

¿Al Gobierno Nacional no le importan estos territorios alejados que conforman el Andén Pacífico?

Yo tengo la fe que al presidente Duque le interesan estos sitios, y así me lo manifestó, pero me preocupa que sus instrucciones no las estén cumpliendo los ministros. Aquí lo único que estamos es haciendo un llamado a parar el hambre y la guerra que hay en todo el Andén Pacífico.

La comunidad dice que después de la firma de la paz con las Farc, la situación es la misma...
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Los logros de la paz han sido inmensos, por ejemplo en la reducción de homicidios... No le podemos perder la esperanza a la paz, tenemos que seguir, y a los que definitivamente se quieren quedar en la ilegalidad, pues ahí estará la fuerza pública.

Usted ha sido crítico con el tema de sustitución de cultivos ilícitos...
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El punto cuatro de los acuerdos de paz no ha funcionado por muchas razones: primero, porque no consultaron a la comunidad y nos dejaron el conflicto social, pero además todos los instrumentos jurídicos que se crearon para la paz, para la reincorporación no han estado coordinados, muchas familias firmaron los acuerdos previos para erradicar voluntariamente, en algunos casos les pagaron, en otros casos no… la gente en estas zonas es trabajadora y creo que tenemos que trabajar para que esas miles de familias que están dedicadas hoy al cultivo de hoja de coca les demos una opción diferente, yo he dicho en demasiadas entrevistas, nadie siembra coca porque quiere sino porque le toca.