Colombia y Nicaragua vuelven a La Haya en un nuevo 'round' diplomático

Casi nueve años después de haber sufrido un revés jurídico en la defensa de su mar territorial frente a Nicaragua, este lunes Colombia llega de nuevo a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, (CIJ).

Esta vez, lo que está en discusión es si el país ha violado la soberanía de Nicaragua en el Mar Caribe o si, por el contrario, es ese país el que ha vulnerado los derechos de los habitantes y comunidades raizales del archipiélago de San Andrés.

Aunque el litigio viene desde 2001, fue en el 2012 cuando la CIJ de La Haya mantuvo la soberanía de Colombia sobre las islas y cayos del Archipiélago de San Andrés y Providencia pero extendió el dominio de Nicaragua sobre una parte del mar, que hasta ese momento era colombiano.

El caso provocó una nueva demanda, presentada por Nicaragua el 26 de noviembre del 2013, que es la que llega esta semana a etapa de audiencias.

En esta demanda, Nicaragua acusa a Colombia de haber violado sus derechos soberanos con las operaciones ejecutadas por la Armada Nacional en el mar Caribe y con la expedición de un decreto que estableció una Zona Continua Integral en el Archipiélago.

En 2016, la CIJ rechazó las primeras pretensiones nicaragüenses, dándole la razón a Colombia al afirmar que el país ejercía un control tranquilo y estable sobre esta zona del mar Caribe.

Nicaragua, sin embargo, ha seguido insistiendo en que Colombia violó el derecho internacional con los diferentes controles que se ejecutaron en esta zona, alegando diversos incidentes y presentando evidencias con las que pretende demostrar la culpabilidad.

Colombia, a su vez, contrademandó a Nicaragua por haber desconocido los derechos tradicionales de pesca.

“Ha habido hostigamientos a pescadores colombianos, muchas veces estos no pueden acceder a zonas donde tradicionalmente habían pescado, los raizales tienen un temor muy grande de que por actividades industriales se afecte la biodiversidad de la zona”, cuenta Mauricio Jaramillo, internacionalista de la Universidad del Rosario.

Los representantes de Colombia ante el tribunal aclaran que nada de esto puede llegar a afectar la soberanía de Colombia sobre el archipiélago ni sobre sus áreas marítimas, pues nada de eso está en discusión.

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Por otro lado, el caso concluyó recientemente su etapa escrita, por lo que se inicia la oral, antes de que el tribunal se pronuncie de fondo en un tiempo aún no definido, que podría ser de meses o incluso años.

“La Corte ya recibió las memorias escritas tanto de Nicaragua como de Colombia y ahora entramos en una fase oral en la que la Corte le pide a las partes que de manera verbal le expliquen aquellos puntos dónde está la mayor parte de la polémica, pero no se discutirá nada de la plataforma continental”, explica Jaramillo.

Entre otras cosas, debido a la coyuntura que el mundo actualmente vive por la pandemia del Covid-19, las audiencias se llevarán a cabo de manera presencial y virtual.

Ahora bien, frente a qué esperar por parte de la Corte, hay varias opiniones.

La analista internacional Laura Gil no es optimista frente a estos dos procesos, pues considera que los argumentos de Nicaragua son fuertes.
“La discusión va a estar interesante porque se van a hablar de temas que no están del todo claros, ahí puede sentar jurisprudencia. Estos casos tienen un entorno político que pueden afectar el entorno de la Corte”, explicó Gil.

La analista explicó que aunque los fallos no sean políticos, sí pesa la forma como los estados se pronuncian sobre ellos. En 2012, cuando se produjo el anterior fallo, Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, lo que de alguna manera significaba poner en entredicho la competencia de la Corte.

Para el internacionalista Luis Felipe Vega, Colombia tiene que demostrar que no ha desconocido el fallo de La Haya. Para él, esta será la única salida, mostrarse respetuoso ante la decisión.

El internacionalista destaca que la intención de Nicaragua es desacreditar el Estado colombiano y para ello solicitarán una revisión del último fallo, pues su intención es ampliar su plataforma continental y tener acceso a más territorio que es de Colombia.

No obstante, Vicente Torrijos, profesor de Relaciones Internacionales, afirma que “Colombia ha dejado su soberanía en manos de un actor supranacional, por encima de los intereses nacionales, tenía que renunciar a la competencia de esa Corte”.

A lo que agrega que Colombia podría no aceptar los fallos de la Corte Internacional de Justicia: “El caso podría ser llevado a comparecer ante el mismísimo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no seremos los primeros que desatienden un fallo, ni los últimos tampoco, además contamos con un aliado poderoso que son los Estados Unidos y con otro que es el Reino Unido”.

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Gil por el contrario advierte que se debe acatar la decisión de la Corte, pues el prestigio y credibilidad del país a nivel internacional está en juego.

“Seríamos el primer país en ser señalado por haber desacatado un fallo. Cualquiera que sea el resultado, este es el momento de hacer un llamado a los sectores políticos de Colombia para que acuerden respetar la jurisprudencia internacional. Nosotros tenemos compromisos normativos de obligatorio cumplimiento”, dice la analista.

Carlos Gustavo Arrieta, exmagistrado y exprocurador, es el agente de Colombia en el proceso, y Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, es coagente.

”Nicaragua no obtuvo su pretensión principal , que era apropiarse del Archipiélago. La Corte no le concedió soberanía sobre las islas”, dice el coagente de Colombia ante el tribunal, Manuel José Cepeda.

”Colombia tiene argumentos sólidos para la defensa del pleno ejercicio de sus derechos. Ello nos llevó a contrademandar a Nicaragua”, agrega.

” Este no es un caso de delimitación marítima. La soberanía de Colombia sobre las islas no está en discusión”, enfatiza Cepeda.