Alcaldía decretó urgencia manifiesta, ¿para qué sirve?

Dar inicio a la estrategia de seguridad alimentaria, garantizar auxilios funerarios para las víctimas del Covid-19 y agilizar la contratación de personal de las secretarías y departamentos administrativos de la Alcaldía son algunas de las iniciativas a las que se les espera dar trámite en los próximos días en Cali, luego que se declarara la urgencia manifiesta en la ciudad.

Dicha decisión, en principio, regirá hasta el próximo 28 de febrero. Sin embargo, según lo contenido en el decreto 4112.010.20.0008 del 16 de enero de 2021, la urgencia manifiesta podría extenderse dependiendo de si el Ministerio de Salud extiende la emergencia sanitaria por Covid-19 en el país.

De acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina la declaratoria de urgencia manifiesta se dio, entre otras, porque “necesitamos rápidamente poner a operar los diversos comedores comunitarios. Hemos identificado que esa estrategia es altamente exitosa para llevar provisiones y alimentos a nuestros barrios y necesitamos darle celeridad”.

El Mandatario añadió que también se le debe dar celeridad a la vinculación de talento humano con contrato para que se vincule a la Alcaldía.

Cabe recordar que la urgencia manifiesta es una figura contenida en la Ley 80 de 1993 y a la que se recurre cuando hay situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad, de fuerza mayor o desastre “que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o públicos”.

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En resumen, y teniendo en cuenta la pandemia por Covid-19, dicha declaratoria es una figura que facilita el universo contractual a las entidades públicas y contratistas del Estado, pues se obvian los procesos de licitación para, en su lugar, contratar de manera directa.

El atajo de la contratación directa podrá ser empleado, en principio, por diez secretarías y departamentos administrativos de la Alcaldía de Cali. Ellas son: las secretarías de Salud, Gestión del Riesgo, Bienestar Social, Gobierno, Seguridad y Justicia, Educación y Cultura; y los Departamentos administrativos Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Desarrollo e Innovación Institucional y el de Contratación Pública.

No obstante, en el decreto 4112.010.20.0008 del 16 de enero de 2021 quedó la puerta abierta para que “todos aquellos organismos de la Administración Central Distrital que lo requieran, la facultad para que puedan contratar de manera directa el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, necesarios para prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19”.

Qué se priorizará contratar

La secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, explicó que desde su despacho se avanzará desde la próxima semana en la contratación de la estrategia de ayudas alimentarias, con la que mediante ollas comunitarias se apuntará a suplir las comidas de, aproximadamente, 30.000 personas al día.

“Ya estamos haciendo análisis de precios y estudios del sector para ver cuánto nos puede costar la estrategia de seguridad alimentaria. La misma va encaminada a atender colectivos, cuadras, barrios; esto genera compromiso y responsabilidad de las comunidades, es mucho mejor que entregar mercados”, indicó Perdomo, quien recordó que la estrategia iría hasta el 28 de febrero.

Además, explicó la funcionaria, se creará una bolsa de recursos que servirá para generar auxilios funerarios para las víctimas de covid cuyos familiares no cuentan con recursos para solventar los gastos fúnebres.

“Se creará la ruta de cadáveres, donde está Medicina Legal e instituciones de salud y nosotros. Cuando haya un deceso, se remitirá la información de la persona y se verificará que no tenga red de apoyo y sea vulnerable para poder que sea beneficiario del auxilio funerario. Esto será bajo demanda, pues en un día se puede dar un caso, mientras que otro día puede haber diez muertes por Covid-19”, dijo Perdomo.

Piden vigilancia a la contratación

Ante la urgencia manifiesta decretada, concejales y veedores hicieron un llamado a los entes de control para hacer seguimiento a los procesos de contratación que adelante la Administración Municipal de manera directa.

La concejala Diana Rojas señaló que “el año pasado en urgencia manifiesta se contrataron, según el Secop, más de $90.000 millones por esta modalidad, varios de estos contratos (logística, publicidad, etc.) los hice públicos y fueron cuestionados por los entes de control, y otros con los cuales aún no pasa nada. Debo alertar los riesgos que esto representa en materia de transparencia y falta de planeación”.

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Por su parte, el concejal Roberto Ortiz conminó a la Contraloría, Personería y Procuraduría a hacer control preventivo sobre los contratos que se deriven de la declaración de urgencia manifiesta.

“La preocupación que tendrían muchos caleños por esta decisión es porque esta Administración viene siendo cuestionada por la poca transparencia que ha tenido en la contratación pública”, aseguró Ortiz.

Entre tanto, la veedora Luz Betty Jiménez manifestó que el decreto de urgencia manifiesta “es violatorio de la ley de contratación estatal y de otras disposiciones legales, por cuanto faculta a varias secretarías para contratar de manera general y en forma indefinida, la realización de una serie de obras y de servicios, cuyo objeto no está previamente definido acorde con las necesidades inmediatas de la comunidad en materia de salud, que es la razón de la medida”.

Jiménez agregó que el acto administrativo “abre la puerta a la contratación oficial directa e ilimitada, sin que se hayan establecido las razones y motivos en el mencionado decreto para proceder de esta forma en tanto que, crecen las necesidades que afronta la ciudad como consecuencia de la pandemia”.

El también veedor Pablo Borrero va más allá y esgrimió que la contratación directa que se genere mientras esté vigente la urgencia manifiesta “hace parte de la estrategia del Alcalde encaminada a favorecer a la clientela electoral y sin que con dicha contratación se resuelvan los graves problemas de la ciudad y de sus habitantes en materia de salud, seguridad, desempleo, transporte, etc., al tiempo que se desconoce el destino de los recursos del presupuesto girados el año pasado para la adquisición de ventiladores, camas UCI, medicamentos, además de espacios para albergar a los enfermos del coronavirus”.

Estudiarán eventual entrega de bonos

La Secretaría de Bienestar Social analizará si, de forma complementaria, dentro de la estrategia de seguridad alimentaria de la ciudad es necesaria la entrega de bonos para la compra de víveres.
De emplearse, dicho mecanismo se usaría para atender las personas y comunidades más vulnerables.
”Los bonos son mucho más favorables que los mercados porque no implican ninguna logística, lo que redunda en ahorro de recursos. En segundo lugar, el beneficiario puede escoger los productos de la canasta familiar que quiera y necesite. Esta es una buena alternativa porque permite atender poblaciones puntuales que no pueden desplazarse hasta una olla comunitaria”, afirmó la secretaria de Bienestar Social de Cali, Fabiola Perdomo.